La reforma al Código Procesal Penal bonaerense propuesta por el ex penitenciario (1973-1992) y actual ministro de Justicia provincial, Ricardo Blas Casal, carga con bemoles más allá de las fronteras. Su propuesta, que representa un endurecimiento en las excarcelaciones y un agravamiento en el hacinamiento de las cárceles de la provincia, fue denunciada por las ONG con mayor recorrido en cuestiones carcelarias; la Corte Suprema ya fue enterada de que la sanción de la reforma implicaría el escandaloso efecto de desobedecer un fallo del máximo tribunal (fallo Verbitsky); ayer, también lo fueron la presidenta Cristina Fernández y el ministro de Justicia y DD.HH. de la Nación, Aníbal Fernández. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA envió una nota a Casal solicitando un detalle de la propuesta y recordando que sea lo que fuere que resulte deberá ajustarse a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino. Todo indica que se avecinan problemas. Los diputados bonaerenses se disponían a tratar hoy el tema. De aprobar la reforma incurrirán en un grotesco escándalo y abrirán la puerta a una futura lectura de desobediencia constitucional.

El escándalo internacional en que quedará sumida la Argentina no se podrá explicar con el presunto desconocimiento argumental del ministerio que origina el proyecto. Su titular y quien envía la propuesta de reforma con su firma, el ministro Ricardo Casal, conoce ampliamente en qué consiste la vida intramuros aunque lo niegue a cuanta cámara se le ofrezca: con el legajo 202.363, durante 15 años ejerció en cuestiones legales dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto incluye los años de la dictadura en que el SPB fue cueva de detenciones ilegales denunciadas en el Juicio por la Verdad. Curiosamente, Casal integró el staff de legales. Pasó por oficinas clave como la Dirección de Administración, y el Departamento de Asuntos Legales de la Jefatura, además de haber sido presidente de la comisión de preadjudicaciones del SPB. Si hubo denuncias de corrupción, que las hubo, Casal debió estar enterado. Es más, tuvo un sumario administrativo que lo desplazó a Bahía Blanca. Regresó por buenos contactos y formó parte del equipo de Francisco Macías, de la inteligencia del SPB durante los años de plomo, y trabajó bajo las órdenes de Raúl Rebaynera y Víctor Ríos, detenidos por la causa por torturas en la U9 y que habían trabajado con el torturador de la U9, el Manchado Ramón Fernández.

Hace una semana, el CELS denunció ante la Corte el hecho de que la reforma implicaría desobedecer el fallo Verbitsky dictado por la misma Corte y que obliga al gobierno provincial a descomprimir las cárceles. Ayer, Cristina Kirchner y Aníbal Fernández recibieron un informe enviado por el mismo CELS. Ellos deberán representar al Estado argentino ante los organismos internacionales por las grietas que propone el tándem Scioli-Casal. Como último intento antes de que se produzca el escándalo, también recibió carta Horacio González, presidente de la Cámara de Diputados provincial. En la nota, Horacio Verbitsky (CELS), Ernesto Moreau (APDH), Mabel Panette (Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), y Marta Vázquez (Madres-Línea Fundadora), advierten sobre la violación a la Constitución, al fallo de la Corte, al impacto internacional y, sobre todo, recuerdan a los legisladores que la receta ya fue impulsada por Ruckauf/Casanovas/Rico y, como es de público padecimiento, no tuvieron éxito.