La defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, presentó ayer una denuncia penal contra los propietarios de dos locales ubicados sobre la avenida Rivadavia al 3000, donde funcionaría un prostíbulo encubierto. Tal como reveló ayer Página/12, en esos lugares funciona un local nocturno y un hotel de pasajeros que en realidad oficia de albergue transitorio. Sus propietarios serían los mismos del edificio donde funcionó República Cromañón, el boliche que se incendió hace cuatro años y provocó la muerte de 194 personas. Trabajadores de una cooperativa y padres de víctimas de Cromañón hicieron ayer una marcha frente al local. Los manifestantes denunciaron que en el lugar son explotadas sexualmente mujeres inmigrantes, posibles víctimas de trata de personas. También aseguran que los locales funciona con protección policial. Ayer, los locales se autoclausuraron y desde uno de ellos arrojaron colchones a la calle.

El caso se puso de manifiesto a partir de denuncias de vecinos y de una cámara oculta realizada por miembros de la Cooperativa La Alameda. Las imágenes presentadas ante la jueza María Servini de Cubría muestran a una mujer de nacionalidad peruana, que relata que cobra 12 pesos por cada servicio sexual, que fue traída por una prima, y que desde hace varios días duerme en los trenes del Ferrocarril Sarmiento pues no tiene lugar donde vivir. La mujer decía que estaba buscando un trabajo.

El domingo, cuando los miembros de la cooperativa intentaron contactarla, con una oferta de trabajo, la mujer dijo que no podía salir ya que tenía su pasaporte retenido y debía pagar por él. Ayer no pudo ser localizada.

Los locales denunciados son el cabaret Quatro Cat’s y el Hotel Leblón, situados en la misma manzana donde funcionó el boliche República Cromañón.

Gustavo Vera, titular de La Alameda, anunció a Página/12 que hoy realizará una “ampliación” de la denuncia y le pedirá a Servini de Cubría el allanamiento del lugar, para rescatar a la mujer.

La marcha se realizó ayer poco después de las 19. Los manifestantes –miembros de la cooperativa y padres de víctimas de Cromañón– encontraron que los locales involucrados en la causa judicial estaban “cerrados con candados”, dijo Vera.

De acuerdo con la denuncia, a partir de una investigación de la Inspección General de justicia, los locales pertenecerían “a los mismos dueños” del boliche gerenciado por Omar Chabán. Según denunció Vera, la propiedad del cabaret y el hotel es atribuida a los empresarios Rafael Levy y Raúl Vengrover, que fueron socios en al menos cinco empresas radicadas en paraísos fiscales.

Levy fue beneficiado en julio pasado por la Cámara de Apelaciones porteña, que lo sobreseyó del delito de “estrago doloso seguido de muerte” que le había imputado el juez Alberto Baños. Pero ese fallo fue apelado y ahora debe resolver la Cámara de Casación. Vengrover, por su parte, fue indagado por su responsabilidad en la habilitación irregular de los locales de ese predio.

“La policía de la zona protege esta actividad y llamativamente el hotel y el cabaret nunca fueron verificados ni inspeccionados, ni por la Justicia contravencional ni por la Agencia de Control Comunal durante las gestiones de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman o Mauricio Macri”, dijo Vera.