Mientras la cantidad de represores procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos supera el medio millar, treinta fueron condenados el último año, veinte murieron antes de llegar a juicio y los tres poderes del Estado se echan culpas unos a otros por las demoras, el programa de 2009 tiene apenas cuatro procesos confirmados y, en nota al pie, una certeza: al ritmo actual, la mayor parte de los militares, policías, sacerdotes y civiles que ejecutaron el terrorismo de Estado morirá sin condena.

El año judicial arrancará por excepción con una sentencia en enero. El Tribunal Oral Federal de San Luis dará su veredicto sobre el general Miguel Angel Fernández Gez, el capitán Carlos Esteban Plá y otros tres ex policías puntanos. Antes deberá concluir la ronda de testimoniales, que tendrá como figura estelar al arzobispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien le encomendó al jefe militar de San Luis hacer desaparecer a un sacerdote que pretendía dejar los hábitos para casarse.

El cronograma de juicios de 2009 tiene la mayoría de los casilleros vacíos. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado del CELS existen 27 causas elevadas que hacen cola en distintos tribunales federales, en tanto 150 aún están en etapa de instrucción. Desde 2006, cuando concluyó el primer juicio posterior a la reapertura de las causas (al policía Julio Simón, única condena confirmada por la Corte Suprema de Justicia) hubo en total trece juicios, incluyendo el de San Luis, que no terminó. 2008 fue el año más prolífico: ocho juicios. Al ritmo de 2008 el proceso durará casi 19 años: hasta 2027.

De las 27 causas elevadas sólo cuatro tienen fecha de inicio confirmada:

- El 10 de febrero el Tribunal Oral Federal 5 porteño comenzará a juzgar a quien fue comandante de la ex subzona Capital Federal, general Jorge Olivera Róvere, de apenas 85 años, y a cuatro de sus subordinados, los ex jefes de áreas Teófilo Saa, Felipe Alespeiti, Humberto Lobaiza y Bernardo Menéndez.

- El mismo 10 de febrero el Tribunal Oral Federal de Formosa comenzará a juzgar al octogenario ex gobernador, general de brigada Juan Carlos Colombo. El tribunal, que funciona en el garaje de una casa, declaró en septiembre la emergencia de infraestructura edilicia y de personal. Un mes antes la Cámara de Casación excarceló a todos los represores procesados de Formosa, pero como la lista de beneficiados no incluía a celebridades como Alfredo Astiz o Jorge Acosta el eco de los gritos de los querellantes no traspasó las fronteras de la provincia.

- El 23 de febrero el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a Víctor Enrique Rei, oficial retirado de Gendarmería, por la apropiación del hijo de Liliana Fontana y Pedro Sandoval. Es el primer caso que llega a juicio tras un allanamiento que permitió obtener objetos personales del joven para extraer su ADN. Rei llegó a ser subjefe de inteligencia de Gendarmería y participó de secuestros, pero sólo será juzgado por apropiarse del joven.

- El 25 de marzo comenzarán en el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín las audiencias por el caso de Floreal Avellaneda, militante de la Federación Juvenil Comunista de 14 años secuestrado con su madre en abril de 1976. Su cadáver torturado, atado de pies y manos, apareció en la costa uruguaya. Los imputados son los generales Santiago Riveros y Jorge Osvaldo García, los coroneles Horacio Harsich y César Fragni y el policía Alberto Aneto, de la comisaría de Villa Martelli, donde la madre escuchó por última vez a su hijo.

La Justicia que mira y no ve

Hace un año y cuatro días, en un artículo sobre los juicios que se avecinaban Página/12 advirtió que “la mayor incógnita sigue siendo quién y cómo resolverá el atolladero de expedientes paradigmáticos radicados en el Tribunal Oral Federal 5”.

El problema envejeció pero allí está. El tribunal que preside Guillermo Gordo aún no pudo fijar fecha para el primer juicio de la ESMA, argumento que la Cámara de Casación utilizó para ordenar el cese de la prisión preventiva de Astiz, Acosta & Cía. La semana pasada la Corte Suprema admitió que la congestión de los seis tribunales federales porteños impide reasignar las causas abarrotadas en el TOF 5 y recordó que el 15 de julio pasado solicitó al Poder Ejecutivo la creación de dos nuevos tribunales orales, pedido que aún no obtuvo respuesta.

El TOF 5 acumula juicios a represores para no menos de un lustro. Recién hacia fines de 2009, cuando concluya el juicio a Olivera Róvere, comenzaría a juzgar a los marinos de la ESMA. De concretarse la unificación entre los principales fragmentos elevados por el juez Sergio Torres, el juicio tendrá 22 acusados en el banquillo. Cuando ese megaproceso termine será el turno del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo, las cuevas del general Carlos Suárez Mason.

Carreteles sin hilo

Sobre el resto de los posibles juicios de 2009 no hay certezas pero sí indicios, aportados por la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y Pablo Parenti, a partir de información recopilada de las fiscalías:

- En el TOF 6 porteño, cuando concluya el juicio a Rei, podría comenzar las audiencias de la causa “Plan Sistemático”: 34 sustracciones, ocultamientos y sustituciones de identidad de hijos de desaparecidos. Los imputados son los generales Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Santiago Riveros y Rubén Franco, todos de Ejército, más los marinos Antonio Vañek y Jorge Acosta.

- En el TOF 1, desde hace más de un año, espera turno la causa Plan Cóndor, con jerarcas como Videla, Riveros, Bussi, Menéndez y otra docena de generales post 70 que no están en condiciones de esperar demasiado.

- En San Martín ya se acumularon cinco elevaciones parciales contra los responsables de Campo de Mayo. Por cantidad de víctimas y victimarios es una megacausa similar a ESMA o Primer Cuerpo, aunque marcha a paso de tortuga. En condiciones de ser juzgados están, entre otros, los generales Bignone, Eduardo Espósito, Eduardo Guañabens Perelló y el coronel Carlos Tepedino, todos mayores de 70 con arresto domiciliario.

- Santa Fe pasará a la historia cuando juzgue por delitos de lesa humanidad, por vez primera, a un miembro del Poder Judicial: Víctor Hermes Brussa, secretario de un juzgado durante la dictadura. Lo acompañarán el ex jefe del Destacamento de Inteligencia 122 coronel Domingo Marcellini, y los policías Mario Facino, Juan Perizzotti, Héctor Colombini, Eduardo Ramos y la carcelera María Eva Aebi, la primera mujer.

- En el TOF 1 de Rosario lleva ya un año de espera la causa Quinta de Funes, por la que deberán rendir cuentas el condenado Pascual Guerrieri y sus lugartenientes Juan Amelong, Rubén Fariña, Eduardo Constanzo y Walter Pagano. En el otro tribunal federal se juzgará al general Ramón Díaz Bessone y a parte de la patota que conducía el gendarme Agustín Feced.

- En Chaco serán juzgados los fusiladores de Margarita Belén: el ya condenado Horacio Losito más los coroneles Athos Renes, Rafael Carnero Sabol, Ricardo Reyes, los tenientes coroneles Aldo Martínez Segón y Germán Riquelme, el teniente primero Luis Patetta y el mayor Ernesto Simoni.

- Córdoba, protagonista del proceso más impactante de 2008, con 300 personas en la sala y miles en las calles, tendrá otro juicio ejemplar por las ejecuciones de presos políticos arrancados de la cárcel de San Martín. Los acusados van desde el dictador Rafael Videla, pasando por el condenado Menéndez, sus muchachos del Destacamento 141 y, en la base de la pirámide, la patota del Departamento de Investigaciones (D2) de policía.

- En La Plata, que fue pionera en condenas con Miguel Etchecolatz y el cura Cristian Von Wernich, el juicio con más chances de concretarse es el de los represores de la Comisaría 5ª.

- En Mar del Plata, por la desaparición de Carlos Labolita, serán juzgados el teniente coronel Pedro Mansilla y el teniente primero Alejandro Duret. Por secuestros, violaciones y otras torturas también rendirá cuentas Gregorio Molina, suboficial de la Fuerza Aérea.

También durante 2009 serían juzgados en Salta los responsables de la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone y se concretaría el primer juicio en Mendoza, donde todos los represores fueron excarcelados por la Cámara Federal. Tucumán podría volver a juzgar al general Menéndez y a tres de sus subordinados (Roberto Albornoz, Mario Zimmermann y Alberto Cattáneo) por el caso Romero Nikilson. En los últimos meses del año, en la inconmovible Bahía Blanca, podría comenzar el juicio a tres miembros del Estado Mayor del Cuerpo V.