La Justicia dictó el procesamiento del ex fiscal federal Carlos Flores Leyes, a quien se le imputa haber participado de interrogatorios a presos políticos que fueron torturados en la Brigada de Investigaciones de Resistencia durante la dictadura militar. El procesamiento, dictado por el conjuez federal Juan Antonio Piñero, es con prisión preventiva y se refiere a cuatro hechos de tormentos agravados, por los que es acusado en calidad de autor inmediato. Es el segundo magistrado con posibilidades de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, luego del ex juez santafesino Víctor Brusa.

Flores Leyes se encuentra detenido desde el 11 de diciembre de 2008, tras presentarse voluntariamente después de estar prófugo unos días, y al ser indagado negó todos los cargos en su contra. Según fuentes judiciales, el ex funcionario afirmó que “jamás” estuvo en la Brigada de Investigaciones. Sin embargo, presos políticos que pasaron por ese lugar declararon que Flores Leyes concurrió varias veces y tomaba declaración a los detenidos que eran sometidos a vejámenes. Era la década del ’70 y el ahora detenido ex funcionario judicial se desempeñaba como secretario del juzgado federal de Resistencia. Además, Flores Leyes está involucrado en la Masacre de Margarita Belén, de diciembre de 1976.

La orden de detención del conjuez Piñero se produjo en el marco de la denominada causa Caballero, por secuestros y torturas en la Brigada de Investigaciones de Resistencia, el centro clandestino más importante del nordeste argentino, que tiene una docena de ex policías procesados con prisión preventiva.

“Vi su mano grande golpear en la mesa que estaba frente a mí cuando no respondía una pregunta o no le satisfacía mi respuesta. Preguntaba con precisión, parecía inteligente, tenía un cuestionario predeterminado, diferente a como interroga la policía.” El testimonio pertenece a José Luis Valenzuela, que fue interrogado en la brigada vendado, atado a una silla de pies y manos, luego de haber sido torturado con picana eléctrica. Por debajo de la venda llegó a ver al empleado judicial, de impecable traje, y escuchó que ordenaba a los policías que no tuvieran “trato especial” con él. “El contraste entre él, que era grandote, y yo, que estaba indefenso en esa silla, desnudo, fue lo que me hizo acordar de su voz y de su físico, que reconocí cuando lo vi más tarde en Gendarmería”, completó Valenzuela.

Tras ser secretario de la justicia federal chaqueña entre 1974 y 1992, Flores Leyes asumió como fiscal. A partir de una denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la agrupación HIJOS, el procurador Esteban Righi encomendó al fiscal Félix Crous realizar un sumario a Flores Leyes y al fiscal Roberto Mazzoni, acusado de los mismos delitos aberrantes. Entre las acusaciones que derivaron en el pedido de jury y la separación de su cargo consta haber encubierto actos de tortura, no haber protegido a las detenidas embarazadas ni a los recién nacidos, haber obligado a presos a declarar bajo amenazas y omitir denunciar y perseguir el asesinato de Néstor Sala, víctima de la Masacre de Margarita Belén. Mazzoni renunció a su cargo dos días después de que Righi lo suspendiera, mientras que Flores Leyes lo hizo dos meses después. El ex funcionario judicial tiene 60 años, usa prótesis en una rodilla y sufre de hipertensión. Nada de esto es impedimento para seguir ocupando una celda decente.