Luego de tres décadas de impunidad plena y a menos de dos meses de su detención, el ex agente de Inteligencia Julio Alberto Cirino fue procesado con prisión preventiva por el juez federal Ariel Lijo por su participación en la privación ilegal de la libertad seguida de muerte de cinco militantes de Montoneros en 1980. El agente civil del Ejército que hasta hace dos meses dirigió el área de Relaciones Internacionales de la Fundación PensAR, que integran tres miembros del gabinete de Mauricio Macri y cinco diputados nacionales PRO, continuará detenido en el penal de Marcos Paz junto con Etchecolatz, Von Wernich y Cía.

Hace 29 años, consultado por miembros de la Embajada de los Estados Unidos sobre el centro clandestino Club Atlético, por entonces demolido, Cirino admitió que había existido y confesó “tener conocimiento personal de otros dos centros de detención e interrogación de la Capital Federal”. Durante el diálogo con dos funcionarios de la embajada, que consta en un memorándum desclasificado del Departamento de Estado norteamericano, el joven Jorge Contreras, tal su nombre de cobertura, se explayó sobre sus conocimientos de los engranajes del terrorismo de Estado y anticipó como quien domina el tema que los desaparecidos “no van a aparecer”.

A principios de noviembre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le informó al juez Lijo, que investiga al Batallón de Inteligencia 601, que el verborrágico Jorge Contreras era en realidad el “Gordo” Cirino, quien dirigió durante la dictadura el Grupo de Tareas 7 de la Central de Reunión de Información (CRI) del 601.

El magistrado verificó el dato y ordenó la detención, que se concretó el 7 de noviembre, cuando Cirino salía de un gimnasio en la Recoleta. Días después se negó a declarar pero anticipó su esperanza de ser defendido por Alfredo Bisordi, el ex presidente de la Cámara de Casación que tras renunciar blanqueó su militancia. El abogado asumió el patrocinio acompañado por Eduardo Sinforano San Emeterio, ex agente de la SIDE que al comienzo de la dictadura custodiaba al jefe de Automotores Orletti, que integró un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y que aún ningún juez investigó.

Dos semanas más tarde, el represor pidió ampliar su indagatoria, aunque no aportó ningún dato verosímil. Admitió que el diálogo en la embajada existió y aseguró que fue sólo a transmitir un libreto armado por sus superiores, cuyo contenido desconocía.

La transcripción del diálogo desmentía esa información. A la primera pregunta aclaró que “todo lo que diga debe entenderse como basado en mi propia experiencia, limitada a mi organización y a mi sensibilidad”, y más de una vez advirtió “es mi opinión personal”. Ante Lijo también aseguró que no había pisado ningún centro de detención, lo contrario de lo que había dicho en 1980. Agregó que su trabajo en el 601 se limitaba al “análisis de información”, tarea que durante la dictadura significaba en el mejor de los casos procesar informes elaborados con datos arrancados en mesas de torturas y, en el peor, formular preguntas sin intermediarios, hipótesis que se condice con quien se ufanó de visitar centros clandestinos.

Lijo procesó a Cirino por los casos que mejor conoce: los secuestros de Julio César Genoud, Verónica María Cabilla, Angel Carbajal, Lía Mariana Ercilia Guangiroli y Ricardo Marcos Zuker. Los cinco fueron apresados entre el 21 y el 29 de febrero de 1980 y eran parte del grupo de exiliados que decidió regresar al país como parte de la llamada operación de Contraofensiva organizada por Montoneros.

En diciembre de 2007 el magistrado condenó por sus secuestros a penas de entre 20 y 25 años de prisión al general Cristino Nicolaides, a los coroneles Waldo Carmen Roldán, Pascual Guerrieri, Carlos Gustavo Fontana, Jorge Luis Arias Duval, Juan Carlos Gualco y Santiago Manuel Hoya (murió tres días después), y al policía Julio Simón, alias Turco Julián.