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El presidente del Citibank Carlos Giovanelli y el del BankBoston Manuel Sacerdote admitieron haber pedido ayuda a las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña por el paquete de proyectos legislativos que si se convierten en leyes afectarían los intereses de la banca extranjera. Sin embargo, negaron haber hablado a nivel diplomático sobre las supuestas coimas que les habrían pedido “legisladores argentinos” para frenar una de las iniciativas, tal como describió el Financial Times. Por otra parte, quedó incorporado al expediente el anónimo que Página/12 publicó el sábado en exclusiva. En el libelo se señala que Bercún y los senadores Carlos Verna y Carlos Branda “son socios” y pidieron una coima de 1 millón y medio de dólares para frenar la Ley Barrionuevo.
Los banqueros ampliaron ayer sus declaraciones testimoniales e incurrieron en algunas contradicciones en relación con la primera presentación. En aquella oportunidad habían negado contactos con legisladores y ayer admitieron haber participado de una reunión que se realizó el 2 de mayo en las oficinas del lobbysta Carlos Bercún de la que participaron diputados, senadores y funcionarios del Ejecutivo. Una fuente del caso explicó a este diario que los banqueros se negaron a identificar cuáles son los legisladores que participaron del encuentro. Sacerdote dijo no recordar de qué se habló en esa cena. Por otra parte, admitieron conocer a Bercún, a quien le compraban un servicio de información parlamentaria, pero Sacerdote aclaró que lo vio dos veces en su vida. “Si contaban con ese informe no pueden seguir sosteniendo que se enteraron de las leyes recién cuando obtuvieron media sanción del Senado, el 15 de agosto”, razonó la fuente. Respecto de la reunión con los embajadores, Sacerdote y Giovanelli coincidieron en que cuando ellos llegaron ya estaban reunidos Emilio Cárdenas y Michael Smith, del HSBC, con el embajador británico Robin Christopher. En el juzgado sospechan que en ese momento se produjo la queja sobre las coimas. Aunque los testigos admitieron haber expresado su preocupación por las leyes insistieron en que no sugirieron ningún camino a seguir a los embajadores porque “ellos saben lo que tienen que hacer” en estos casos.