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Pablo Díaz, el concejal del ARI de La Rioja que denunció el escándalo de las jubilaciones de privilegio de la provincia, fue detenido ayer por la policía y obligado a declarar en una causa por calumnias e injurias. “Es una clara persecución política”, aseguró Díaz a este diario mientras lo llevaban en el celular.
El concejal explicó que todo comenzó dos años atrás, cuando formuló una serie de denuncias que, entre otros personajes, involucraron a Carlos Omar Menem, sobrino del ex presidente y beneficiario de una jubilación investigada por irregular.
De acuerdo con esta versión, la denuncia provocó una operación capitaneada por los dos jueces que dispusieron su detención: Aniceto Romero, tío de Carlos Omar Menem; y Gerardo Corzo, que, cuando trabajaba como juez de paz, fue quien le facilitó la jubilación al sobrino del ex presidente al certificar, de manera supuestamente irregular, quince años de trabajo que nunca cumplió.
Díaz explicó que, como la causa por las jubilaciones truchas cobró un nuevo impulso, los jueces decidieron desempolvar una antigua querella por calumnias e injurias presentada por la secretaria de Cultura del municipio de Olta, Nicolasa Martínez.
“Yo quise recusarlos por obvias incompatibilidades pero no lo aceptaron porque están organizando una persecución. Por eso no me presenté a declarar. Quise hacerlo a través de mi abogado, firmando un poder, pero no me dejaron”, aseguró Díaz.
Como no se presentó, el tribunal mandó una comisión policial para detenerlo. Pasó la noche en la comisaría y hoy será juzgado y, finalmente, liberado. “El Colegio de Abogados me está defendiendo, porque acá no hay ninguna imparcialidad. Voy a apelar a la Corte Suprema de la provincia, pero eso no es garantía de nada”, concluyó Díaz.