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El presidente Eduardo Duhalde parece decidido a poner algún hombre de su confianza en la Corte Suprema, en el lugar que dejó vacante Gustavo Bossert. Es lo que anunció ayer el jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, aunque intentó contrarrestar la ráfaga de nombres de posibles candidatos que circulaban ya desde el día anterior diciendo que “es prematuro” dar tantas precisiones. En el máximo tribunal varios supremos contemplaron la iniciativa con asombro. “¿Cómo es posible que Duhalde crea que va a poder juntar los dos tercios necesarios en el Senado?”, se preguntaban, con bastante sentido común, en vocalías de la mayoría automática.
En el Gobierno no sólo creen que podrían dejar algún “juez propio” en la Corte, “sobre todo si es algún jurista prestigioso”. También especulan cada vez con mayor convicción que “de acá a fin de año quizá renuncien uno o dos ministros más”, como otro coletazo de las fracturas internas que se produjeron con posterioridad al archivo del juicio político y por el descrédito extremo del tribunal, señaló un integrante del gabinete. Los jueces que mencionan como posibles desertores son Julio Nazareno, presidente del tribunal, y Adolfo Vázquez.
A ellos el oficialismo les habría hecho llegar diplomáticos pedidos para que den un paso al costado. Ambos, por ahora, se han encargado de desmentir varias veces una posible retirada, algo que el riojano volvió a hacer ayer acotando que los cargos en su contra en el juicio político fueron inconsistentes y agregando que con la renuncia de Bossert “la Corte pierde mucho”. Puertas adentro de tribunales, además, hay quienes especulan con el retorno de Carlos Menem al poder.
Según una versión, proveniente de asesores del Gobierno, mientras el supremo saliente retiraba ayer sus cosas de la vocalía que desde 1994 ocupó en el cuarto piso del Palacio de Justicia, Duhalde empezaba a testear –siempre según esa versión– entre algunos colaboradores de confianza el efecto que provocaba la sola mención de algunos nombres insólitos para juez de la Corte: el de Rubén Citara, actual procurador del Tesoro, ex secretario de la Gobernación bonaerense y socio de Duhalde, y el de Antonio Arcuri, actual secretario Legal y Técnico de la Presidencia, también ex funcionario de la Gobernación. Los dos son “Duhalde puro”, según describen en el PJ. “Demasiado grotesco como para ser cierto”, dijeron en el Ministerio de Justicia y Seguridad ante la consulta de Página/12.
Dentro y fuera de los despachos gubernamentales, desde el mismo día de la renuncia de Bossert se empezaron a mencionar a otros juristas. Entre ellos, Alberto García Lema, ex procurador del Tesoro en el gobierno de Menem; el juez de Casación Pedro David; el ex camarista y ministro de Justicia durante el gobierno de la Alianza Ricardo Gil Lavedra; el ex camarista y ministro de Justicia bonaerense León Arslanian y el camarista Marcos Grabivker. Otra versión incluso decía que a Arslanian lo sondearon en dos llamados telefónicos distintos tanto Atanasof como Arcuri, y que él dijo que no.
En la cartera de Justicia, que conduce Juan José Alvarez, prefirieron bajar el tono de las especulaciones: “La verdad es que acá no hay nombres y Duhalde tampoco tiene ninguno, el reemplazo se hará con cautela y se buscará a alguien de mucha reputación”. En esa repartición prevén contactos con el radicalismo para consensuar alguna opción. La realidad es que Bossert había llegado a la Corte, después del Pacto de Olivos, por pedido del ex presidente Raúl Alfonsín.
Al margen de las conjeturas es difícil imaginar un escenario en el que Duhalde logre obtener el acuerdo necesario de dos tercios de los senadores (presentes en una sesión pública), por más prestigioso que sea el candidato a la toga elegido. Algunos colaboradores del propio Presidente intentan desalentarlo en su iniciativa con otro argumento: si hay algo que necesita la Corte, le han dicho –más aún ante la retirada del juez menos cuestionado– es legitimidad, y que un gobierno de transición designe al nuevo supremo podría resultar contraproducente en ese sentido. Mañana los supremos tendrán su reunión plenaria, y es posible que designen conjueces para resolver expedientes vinculados a la pesificación, en los que Bossert (al igual que Enrique Petracchi) estaba excusado por tener su dinero en el corralito. Ayer Nito Artaza fue a ver al ministro Guillermo López y le pidió celeridad en la resolución de esos expedientes. Lo que López le garantizó es que “no se apartarán un ápice del caso Smith” en el que declararon la inconstitucionalidad de las restricciones bancarias. Lo cierto es que en el tribunal el clima es de malestar, y nada está dicho. Petracchi dijo ayer que comprende “profundamente a Bossert”, mientras circulaban rumores de que él también pensó en irse, aunque no lo haría de inmediato.