Uno de los dos ex agentes de la Side y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) acusados de haber hackeado los e-mails de políticos, funcionarios, periodistas y personajes de la farándula quedó detenido ayer a la mañana cuando bajó del ferry de Buquebús que lo traía desde Uruguay. Es Pablo Carpintero, quien había escapado el año pasado junto con su compañero de andanzas, Iván Velázquez, arrestado diez días atrás en el país vecino por robar allí documentos secretos. Ambos tenían pedido de captura de la Justicia argentina desde mayo último, pero gozaron durante un tiempo de la protección del gobierno oriental, que tras investigaciones de sus propios tribunales finalmente les soltó la mano. Carpintero volvió a Buenos Aires decidido a entregarse. Lo indagarían esta semana.

Carpintero y Velázquez son investigados desde agosto de 2006 por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado como presuntos personajes centrales de una red de ciberespías, expertos en entrometerse en casillas de correo electrónico. También están imputados el ex jefe de la Side Juan Bautista “Tata” Yofre, el general retirado Daniel Raimundes –ex secretario del Ejército en los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde– y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. Las sospechas apuntan a que comercializaban los mails y los usaban para facilitar operaciones políticas. Tras allanamientos en sus domicilios y analizar parte de su software, los investigadores identificaron a decenas de víctimas, desde los secretarios de la presidenta Cristina Kirchner, ministros en funciones (Nilda Garré, Jorge Taiana, Julio De Vido), el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández y el embajador Héctor Timerman, hasta Susana Giménez y “Pampita” Ardohain.

El dúo de espías tenía pedido de captura por haber incumplido con la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado de San Isidro, la condición que les había impuesto Arroyo Salgado para eximirlos de prisión. Pero ellos prefirieron irse a Uruguay, desde donde incluso hablaron con algunos medios argentinos y dijeron que los perseguían y amenazaban por una interna en la Side. Después de aquella huida, es poco probable que Carpintero consiga que le den la excarcelación, un beneficio que ayer mismo reclamaron sus abogados Alejandro Farjat y Alejandro Soñis.

Carpintero está detenido en dependencias de la Prefectura –la fuerza que lo detuvo–, pero todavía no se sabe exactamente cuándo ni qué juez lo indagará debido a las vicisitudes burocráticas derivadas de un conflicto de competencia aún no resuelto. A fin de año, la Cámara Federal porteña sostuvo que la jueza bonaerense debía seguir a cargo del expediente, pero esa resolución aún no está firme. En consecuencia, el expediente hasta ayer se encontraba físicamente en el fuero federal porteño, en el juzgado 9, subrogado en estos días por Rodolfo Canicoba Corral. Según señalaron funcionarios judiciales a Página/12, cualquiera sea el juez es probable que trate de evitar que el ex agente quede demasiado tiempo detenido sin su situación resuelta. Podrían indagarlo esta misma semana.

La repentina aparición de Carpintero en Argentina se explica, en parte, por la situación que atraviesa Velázquez, su coequiper, en Uruguay. Allí la jueza penal Graciela Gatti lo procesó al dar por probado que pagó un soborno de entre 350 y 800 dólares para conseguir la residencia. Hubo escuchas que lo vincularon con una gestora y un policía de Migraciones, a quienes les habría proveído información haciendo gala de sus destrezas informáticas. La semana pasada la misma jueza ordenó detenerlo por otro asunto: habría robado un archivo digital secreto con datos sobre armas de 60 policías de la jefatura de Montevideo. Está preso en el Complejo Carcelario Comcar.

Según dijo el abogado Farjat a este diario, Carpintero decidió entregarse “porque ahora tiene garantías”. “Es una cuestión de técnica y táctica”, sostuvo con tono misterioso. En Uruguay, al parecer, al ex espía le esperaba un mejor escenario que aquí, donde el gran interrogante es si dirá de quién recibía instrucciones y/o a quién le daba información. Tanto él como Velázquez en sus últimos tiempos trabajaron en la PSA, que depende del Ministerio de Justicia, habían pasado por la central de espías y habrían sido personal de Inteligencia del Ejército.