La causa por la desaparición de Jorge Julio López volvió a sumergirse en los pantanosos pasillos de la Justicia platense. La Cámara Federal de La Plata anuló la decisión del juez Arnaldo Corazza, que había archivado la denuncia de la familia contra todos aquellos que omitieron proteger al testigo. El argumento consiste en que el magistrado no puede intervenir porque podría ser él mismo uno de los que no cuidaron a López durante el proceso que culminó con la condena del represor Miguel Etchecolatz. Corazza se apartó del expediente originado en la acusación de la familia, pero también decidió que no puede seguir al frente de la investigación sobre el destino de López por la “violencia moral” que significa que sus familiares lo hayan denunciado. Así, la causa principal se quedó técnicamente sin juez y comienza una etapa de idas y venidas entre despachos de jueces y fiscales de primera y segunda instancia. Mientras Corazza dispara contra los camaristas y dice sentirse “molesto”, la querella de Justicia Ya! afirmó que esta interna “profundiza la ya crítica situación del caso”.

Todo comenzó cuando, a poco de cumplirse dos años de la desaparición del testigo, el abogado Alfredo Gascón pidió que se investigara a los funcionarios judiciales que participaron de ese proceso y a las abogadas que patrocinaron a López por no haber impedido su secuestro. El cuestionado camarista Alberto Durán hizo lugar al pedido del letrado de la familia López que apuntaba a “aquellos que según el Código de Procedimiento Penal deben velar por la seguridad de los testigos, y a todo el mundo porque un albañil fue a declarar con toda su buena voluntad y está desaparecido”, según afirmó en aquel momento Gascón.

Tanto el juez Corazza como el fiscal Marcelo Molina desestimaron la denuncia, por lo que Gascón apeló ante la Cámara Federal platense y pidió la nulidad de lo actuado por el magistrado, al que denunció por ser “juez y parte”. El colectivo Justicia Ya! entregó en el juzgado de Corazza una declaración de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales, gremiales, estudiantiles y políticas para que rechazara “la insólita pretensión de iniciar una causa penal” contra los protagonistas del juicio en el que Etchecolatz terminó condenado a prisión perpetua por delitos cometidos en el marco de un genocidio. El juez, por su parte, rechazó como querellante a la fundación Soporte, denunciante junto a Alfredo Gascón y a Hugo Wortman Jofré. Finalmente, el fiscal Guillermo Ferrara consideró que la inquietud de los abogados de la familia debía impulsar una acción penal. La semana pasada se supo que la Sala I de la Cámara Federal platense le ordenó al juez Corazza apartarse de esa denuncia porque interrogó al testigo en el caso Etchecolatz y por eso estaría incluido en la denuncia formulada. “El tribunal, compartiendo los argumentos dados por el fiscal (Ferrara), y en respeto a la debida imparcialidad”, hizo lugar al pedido de nulidad.

“Estoy tranquilo con mi conciencia, cuando le tomé testimonio a López no ameritaba ninguna medida, sino hasta cuando llegó el juicio oral. Nadie esperaba que este episodio sucediera, la protección no es automática”, explicó Corazza a Página/12. El magistrado admitió que le “cae mal que sea la propia familia” la que lo cuestiona ahora y no cuando hicieron la denuncia. Pero, ¿por qué adujo “violencia moral” y decidió apartarse también de la investigación de la desaparición del testigo? “No puedo estar investigado por haber omitido proteger a López y a la vez ser el instructor en la causa en que está desaparecido”, respondió. En su escrito ante la Cámara, Corazza mencionó la “mala fe procesal del letrado” (Gascón), porque lo denunció recién cuando su resolución le fue desfavorable. Y también cargó contra los camaristas Durán y Julio Reboredo por haber usado un criterio por el cual ellos también tendrían que haberse apartado, ya que fueron jueces en el Juicio por la Verdad. “Le tomaron audiencia antes que yo a López. Miran la paja en el ojo ajeno”, dijo.

Guadalupe Godoy, una de las abogadas que patrocinó a López contra Etchecolatz, enfatizó que “la recusación inicial contra Durán tenía por objetivo evitar esto: que la causa López se transformara en un espacio donde el camarista dirima sus cuestiones de poder dentro de la Cámara Federal”. Esa recusación está siendo analizada en la Corte Suprema. Godoy se lamentó de que “el juez, más allá de sus dolores morales, permite que el caso quede a la deriva en la interminable maraña judicial, justo cuando hay líneas de investigación fuertes”. Esas líneas surgieron a partir de la llegada del secretario Juan Martín Nogueira, quien, más allá del cambio de juez, podría quedar a cargo de la investigación.