Valeria Pérez Aquino, de 58 años, es boliviana, analfabeta, tiene un hijo discapacitado de 27 años que depende de ella y ahora enfrenta una condena de entre 8 y 25 años por haber matado a su marido, Julio Rocha Rocabado, de 63. El 23 de marzo de 2007, en su vivienda de Puerto Madryn, Chubut, la mujer fue agredida física y verbalmente por su esposo, algo que era habitual, según determinó un estudio forense. En respuesta a la agresión, cuando él estaba recostado, enviando mensajes de texto por un celular, ella le arrojó sobre la cabeza y el cuerpo una olla de agua hirviendo. El hombre, tras cambiarse de ropa, subió a una camioneta, fue hasta el hospital local y luego lo llevaron al Sanatorio de la Ciudad, donde falleció ese día porque el agua hirviendo ingresó a las cavidades nasales, boca y fauces, lo que le provocó “un distrés respiratorio agudo severo”. Los jueces condenaron a la mujer por “homicidio simple”. Mañana fijarán el monto de la pena. No tomaron en cuenta, ni siquiera como atenuante, “27 años de violencia por parte del marido”, le dijo a Página/12 Ricardo Antonio Sartor, abogado de Pérez Aquino. Un resultado totalmente opuesto al de otra mujer que vivió hechos similares, Graciela Aguirre, que el lunes fue absuelta por el crimen de su marido golpeador.

“Este es un caso terrible de discriminación, desde el comienzo. En Bolivia, Valeria Pérez Aquino nunca tuvo acceso a la educación. Sus padres sólo enviaban al colegio a sus hijos varones. En Argentina, desde hace 35 años, vivió con un marido albañil que se emborrachaba y la golpeaba. El informe de la forense, que se leyó en el juicio, es contundente sobre el maltrato que recibió esta mujer, pero los jueces no lo tomaron en cuenta”, le dijo a este diario Alejandra Tolosa, delegada en Puerto Madryn del Instituto Contra la Discriminación y la Xenofobia (Inadi). El martes la Cámara del Crimen de Madryn, integrada por Silvia Martos, Leonardo Pitcovsky y Rafael Lucchelli, determinó que Pérez Aquino es culpable del delito de “homicidio simple”. Un grupo de mujeres de la comunidad boliviana local expresó su rechazo frente a los tribunales, por la sentencia y también porque no las dejaron presenciar el juicio.

“Les pedimos que no tengan ese corazón de piedra, porque esta mujer ha sufrido como pecado haber tenido un hijo discapacitado. Fueron veintisiete años de tortura, de sufrimiento. ¿Por qué no le quitan la vida directamente?”, dijo María Luisa Almanza, en representación de la comunidad boliviana local. En el juicio, el abogado defensor había planteado que, desde que nació su hijo Julio César, discapacitado mental, “ella soportó veintisiete años de golpes, porque su esposo le recriminaba que le había dado un chico con discapacidad. Un hijo es un tema de dos, pero el marido sólo se lo achacaba a ella, que de hecho fue la que siempre lo cuidó”.

“¿Qué va a pasar ahora con ese chico, que tiene una edad mental de 4 años, si Valeria tiene que ir a la cárcel? ¿Qué va a pasar con el padre de ella, de más de 80 años, que también está a su cuidado porque tampoco puede valerse por sí mismo? La Justicia no pensó en eso y ni siquiera se pidió la intervención, en el juicio, de la Defensoría de Menores e Incapaces, algo que correspondía en este caso para representar a Julio César”, le dijo ayer Sartor a Página/12. Hasta ahora, a pesar de la acusación de homicidio simple que tiene en su contra desde el primer día, Pérez Aquino logró el beneficio de la prisión domiciliario, para que pueda cuidar a su hijo y a su padre.

En el juicio, la médica forense Silvia Sánchez presentó un informe sobre la personalidad de la acusada, con la que tuvo dificultades para poder entrevistarla, dado que habla en quechua y sólo pronuncia algunas palabras en castellano. “Ella presenta una personalidad primitiva e impulsiva, con un nivel intelectual de gran precariedad”, dijo la profesional. La licenciada Sánchez describió la existencia de “una vida familiar patológica”, en cuyo marco la mujer recibió “un trato muy violento” y hasta “animalesco” de parte de su marido. Eso le hizo ir desarrollando “un sentimiento de hostilidad” hacia él. La forense señaló que ella tenía “miedo” de que su esposo agrediera a su hijo discapacitado. “Tanto ha sido golpeada que todavía tiene rastros de heridas en sus piernas, por las patadas que recibía de su esposo”, dijo el abogado Sartor.

La fiscal Marcela Pérez pidió que se condene a la mujer por el delito de “homicidio simple”, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. El defensor, en cambio, solicitó que se calificara el hecho como “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). Los jueces tomaron el pedido de la Fiscalía y mañana, en una audiencia que comenzará a las 11, fijarán el monto de la pena. El abogado Sartor anticipó que apelará el fallo y la representante del Inadi dijo que espera conocer los fundamentos de la sentencia, para saber si hubo alguna discriminación, de género o por la nacionalidad de la acusada.