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En relación con lo dicho por la presidenta Fernández de Kirchner respecto de los juicios por crímenes de lesa humanidad, a la decisión que acaba de tomar la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la nota de Carlos Slepoy del 23 de febrero pasado, opino que a casi seis años de reabiertos los juicios, cualquier medida que implique debate parlamentario derivará en más dilaciones. Para evitar mayores dilaciones necesitamos tribunales conformados por jueces conscientes de que estos juicios no tienen marcha atrás y que aquellos que no estén a la altura de las circunstancias deberán rendir cuentas. La garantía esencial para avanzar es el reclamo permanente de los sectores que siempre han exigido juicio y castigo. El Estado –del que los jueces son parte– debe actuar en consecuencia. Los juicios están sumidos en una injustificada demora, producto de cuestiones estructurales (el sistema penal no está preparado para casos complejos) pero también de silencios, cobardías y complicidades.

Los juicios deben reordenarse. No hay duda. Para ello no se necesitan leyes (con debates que pueden durar meses y años y ser frutos de negociaciones que poca o ninguna relación tengan con los derechos humanos, y cuyos resultados nadie puede asegurar), sino voluntad política del Estado. A seis años de reiniciados los juicios, la principal responsabilidad es de los jueces, fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que debe tomar las riendas sobre la reorganización de los tribunales, agilizar y realizar juicios integrales y preservar a los testigos; sobre la modalidad en que serán llevados a cabo, como su verdadera difusión. Para ello sólo se necesitan decisiones de superintendencia y disponer con urgencia qué tribunales serán los que intervengan en cada juicio. También es responsabilidad del Consejo de la Magistratura –integrado por hombres del Gobierno– que debe monitorear, juzgar y eventualmente sancionar a los jueces que no actúen a favor del avance de estos procesos. Los fiscales deben realizar informes periódicos para que la comunidad pueda conocer el estado de las causas a nivel nacional. En su caso, presentar las denuncias que correspondan por demoras indebidas o la existencia de otros obstáculos. El Poder Ejecutivo tiene la misión de acompañar y propiciar las decisiones políticas y fundamentalmente proteger, asistir a los testigos.

Carlos Slepoy mencionó implícitamente un punto que comparto y es que los jueces, así como son rigurosos al momento de procesar y enviar a juicio a un ladrón de poca monta, son extremadamente meticulosos a la hora de sentar a estos criminales en el banquillo. En realidad, deberían ser meticulosos con todo el mundo en vez de lo contrario (los jueces penales han sido creados para domesticar a quienes ponen en peligro el derecho de propiedad; nuestra exigencia de juzgar a estos criminales es, digámoslo, tomado como una irreverencia producto del avance y de la lucha, pero irreverencia al fin). Nada de ello hace que nos tengamos que conformar con poco, sino comprometernos a señalar las dilaciones y obstáculos, denunciar a sus responsables y reclamar jueces a la altura de las circunstancias. Y a seguir trabajando contra la impunidad, porque si alguno pensó que nos íbamos a encontrar con juicios ideales, hizo una mala lectura del Estado y las consecuencias de la dictadura. Mas allá de matices, acercarnos a ese ideal es la consigna compartida con mi entrañable amigo Carlos Slepoy, a quien tanto debemos y de quien tanto más esperamos.

* Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos.