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Las viejas y conocidas patotas de la época de la dictadura volvieron a sus andanzas en Tucumán. Con profesionalismo y haciendo gala del uso de inteligencia previa, estos grupos realizaron actos intimidatorios en el último mes a la abogada Laura Figueroa, querellante del caso Pozo de Vargas, el lugar donde el Ejército arrojó –entre 1975 y 1977– cadáveres de detenidos desaparecidos, y al fiscal federal que instruye la causa, Emilio Ferrer. El último ataque se produjo el lunes por la noche cuando desconocidos ingresaron por segunda vez al domicilio de Figueroa y tras darle vuelta la casa se retiraron con unas pocas pertenencias. Ayer por la tarde, el juez federal Felipe Terán anunció a este diario que habían logrado detener a uno de los presuntos atacantes.
Todo indica que las intimidaciones que están dirigidas a Figueroa y Ferrer están íntimamente relacionadas con la investigación judicial del Pozo de Vargas. Y esto se corrobora porque en las dos oportunidades que la abogada querellante fue víctima de un ataque, el fiscal Ferrer sufría otro aunque de menor intensidad. Ayer, fuentes de los tribunales federales de Tucumán daban por cierta esta posibilidad. Ferrer, incluso confirmó esta tesis al señalar que “todo lo sucedido demuestra que la investigación está bien encaminada”.
Figueroa no es una abogada cualquiera en Tucumán. Ella es una de las pocas letradas que en esta provincia todavía lleva adelante causas que estén relacionadas con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Fue una de las abogadas que querelló al genocida Antonio Bussi en la justicia provincial y federal e incluso en España cuando el juez Baltasar Garzón abrió su investigación por genocidio en la Argentina. A comienzos de este año encabezó la querella por la causa que se conoce como Pozo de Vargas. En dicho lugar, ubicado a 20 minutos del centro de la capital tucumana, testigos afirman que el Ejército arrojó decenas de cadáveres de detenidos desaparecidos entre 1975 y 1977, los años en que Bussi era dueño y señor de Tucumán. Desde principios de este año, el juez Terán inició una investigación donde se están haciendo excavaciones con técnicos y profesionales de la Universidad de Tucumán.
“Los que me atacan pertenecen a una banda fascista que actúa en la provincia con total impunidad”, aseguró Laura Figueroa a Página/12. Admitió además que lo sucedido es “un tiro por elevación al juez Terán” que investiga la causa y de descubrirse restos óseos el genocida Bussi se transformará en uno de los principales responsables de la matanza.
Las intimidaciones a Figueroa comenzaron en julio cuando recibió el llamado de un supuesto potencial cliente que se identificó como Juan Torti. En esa conversación, Torti hizo gala de la información que tenía de la abogada que provocó la sospecha de Figueroa. Torti cortó abruptamente luego de decirle: “No la estoy persiguiendo, doctora”. La abogada no quiso darle mayor importancia a la curiosa conversación. La siguiente señal llegó el 3 de octubre, cuando Figueroa se presentó en una comisaría para denunciar que le habían robado su viejo Fiat Spazio. Allí fue que un cabo se le acercó y le recomendó que tuviera custodia. Mientras esto ocurría, en el Pozo de Vargas continuaban las excavaciones que ya tienen 10 metros de profundidad.
El domingo 20 de octubre, Día de la Madre, fue el peor para Figueroa. Esa tarde tres hombres ingresaron violentamente a su casa. La abogada pensó que se trataba de un robo común, pero se sorprendió cuando los cacos le repitieron textualmente la conversación telefónica que había mantenido esa mañana con un familiar. Los supuestos ladrones revolvieron algunas cosas de la casa, le exigían que le muestre un baúl donde ella guarda papeles privados y donde encontraron dinero y joyas. Igual se llevaronapenas una ínfima parte de la plata encontrada. Cuando la patota consideró terminado su trabajo se fueron, pero antes deliberaron unos minutos en la puerta del domicilio.
El hecho podría haber sido considerado aislado si no hubiera sido que la madrugada anterior el fiscal Ferrer encontró que su casa había sido abierta, pero desde adentro. La casa de Ferrer no es cualquiera, pertenece a la familia Molina. El fiscal está casado con la ex nuera de Dardo Molina, quien desapareció el 24 de marzo de 1976 cuando el golpe militar lo destituyó de su puesto de vicegobernador de la democracia. La familia Molina es querellante en la causa que investiga Ferrer.
El lunes a la noche, la casa de Figueroa fue nuevamente asaltada. En esta oportunidad, los “ladrones” violentaron las verjas de la ventana, ingresaron al domicilio, revolvieron toda la casa y se llevaron un televisor, un estéreo y 1200 pesos. Si bien en Tucumán llovía intensamente, los ladrones no dejaron huellas de barro en el interior del domicilio. Cuando la abogada le avisó a Terán y Ferrer lo ocurrido, éstos llegaron a su casa junto a la policía provincial. Mientras el fiscal estaba con Figueroa, su casa fue nuevamente abierta y otra vez desde adentro. Ayer, la policía provincial detuvo a un sospechoso del último robo a la casa de Figueroa. Se trata de Ramón Jesús Jaime, de 33 años. La detención fruto de que Terán había dispuesto una discreta vigilancia del domicilio de la abogada con efectivos de la Gendarmería. Todavía no trascendió información sobre los antecedentes de Jaime.
Hay un dato más que no es menor. El 1 de julio pasado, el juez Terán sufrió un asalto a su casa. El hecho ocurrió poco después de que comenzaron las excavaciones en el pozo de Vargas. Los colaboradores de Terán descreen que ese hecho esté vinculado con lo ocurrido con Figueroa y Ferrer, pero en los tribunales federales no coinciden con esa lectura.