[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Promediaba la mañana en la Cámara de Diputados, en donde se estaba llevando a cabo la audiencia pública para discutir la creación de un nuevo marco regulatorio del correo postal, cuando Hugo Moyano y trabajadores transportistas irrumpieron en el recinto al grito de “que se vayan todos” y lograron frenar la sesión. Los representantes del grupo Socma, liderado por la familia Macri, concesionaria del correo nacional, y los legisladores impulsores del proyecto recibieron los insultos de los muchachos.
La protesta contra el tratamiento de este proyecto de ley había comenzado fuera del Congreso. Los trabajadores, encabezados por Moyano y su hijo Pablo, se concentraron en la avenidas Entre Ríos y Garay y marcharon hasta el Palacio Legislativo. Cuando llegaron hasta el vallado que protegía el edificio, los trabajadores forcejearon con la policía hasta que, gracias a las gestiones del diputado de extracción gremial Saúl Ubaldini, lograron ingresar alrededor de veinte personas. “Todo esto es parte del circo que se armó para prepararle el terreno a Macri, que quiere promover una ley que le reduce el canon al 50 por ciento y crea un subsidio de 250 millones de pesos. Esto no lo vamos a aceptar porque traería como consecuencia el cierre de más de 200 pymes que dejarían en la calle a más de 8 mil trabajadores”, señaló Moyano a Página/12.
Los sindicalistas acusaron al presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, el justicialista Pablo Fontdevilla, de ser “el responsable de darle curso a este proyecto, que es un traje a la medida de Macri”. Por su parte, Fontdevilla, quien pidió la suspensión de la sesión, aseguró a Página/12 que “a través del proyecto se blanquearía la actividad postal que tiene un alto porcentaje de ilegalidad”. El diputado especificó que en los últimos cinco años se registraron 850 empresas postales en la Comisión Nacional de Comunicaciones “que son habilitadas en forma provisoria y luego cuando tienen que registrarse ante la DGI y blanquear a los trabajadores desaparecen para después volverse a presentar”. A esto, Moyano señaló que la iniciativa del legislador “no sólo no exige el pago del canon sino que establece subsidios a la actividad postal, lo que legalizaría la renegociación del contrato”.
Los camioneros había acordado con Ubaldini que el tono de la protesta sería “pacífico”. Pero quien no debe haber coincidido con esta apreciación es la diputada Irma Roy, a quien le arrojaron un vaso de agua y se retiró ofendida del recinto. Si bien Moyano no reconoció haber visto el episodio, consideró que si no interrumpían el tratamiento de la ley “los trabajadores iban a recibir un chaparrón de despidos”.