Fernando de la Rúa no deberá dar explicaciones en el banquillo de los acusados por cinco de las seis muertes que produjo la represión que acompañó el precipitado final de su gestión, en 2001. El ex presidente fue sobreseído por el juez federal Claudio Bonadío, que consideró que no está probado que el acusado haya dado la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 19 y 20 de diciembre de aquel año. “Es una vergüenza, y encima se burla de nosotros al decir que este sobreseimiento llega tarde”, dijo a Página/12 María Arena, viuda del motoquero Gastón Riva, al referirse a las declaraciones de De la Rúa sobre la “tardía” decisión judicial que lo beneficia, y que sólo puede ser revertida con las apelaciones que presentarán los querellantes familiares de las víctimas. Pero no fue la única alegría que tuvo ayer: también fue sobreseído en la famosa causa del jardinero que trabajaba en su quinta y era “ñoqui” del Concejo Deliberante (ver aparte).

El mismo juez que ayer lo sobreseyó lo había procesado por el homicidio de cinco manifestantes (Riva, Diego Lamagna, Alberto Márquez, Gustavo Benedetto y Carlos Almirón) y las lesiones de ciento diecisiete. Bonadío no había avalado la teoría del complot en su contra, que ayer volvió a esgrimir remozada, y en aquel momento consideró que De la Rúa tuvo una conducta “imprudente y negligente” para evitar los crímenes y luego pretendió evadir su culpa con una “pretendida ignorancia o desinformación”. El magistrado encontró imposible que nada haya motivado al ex presidente a “encender un televisor o una radio o más no sea asomarse a alguna ventana y ver en panorama qué acontecía en el ‘jardín de su propia casa’”. Por ello concluyó que no puso límite al “desborde represivo”. Ayer falló en sentido opuesto.

La Cámara Federal revocó aquel procesamiento pero dejó establecido que cualquier jefe de Estado es responsable por lo que hace la policía en la calle en tanto se pueda acreditar que dio la orden de reprimir. “En el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) consideramos que es un standard que sirve para adjudicarle responsabilidad respecto del control de cómo se ejecuta esa orden. Pero no coincidimos en que sea necesario probar esa orden para responsabilizarlo, porque aun cuando pueda pensarse que no dio la orden como presidente tiene el deber y la facultad de asumir el control operativo, aunque no haya ordenado la represión, que se desmadró. Estaba pasando en la puerta de Casa de Gobierno y se transmitía por televisión, no puede plantear que no sabía y menos que no tenía competencia para frenar lo que pasó”, explicó Rodrigo Borda, abogado que representa a Arena. Aunque aclaró que no recibieron aún la notificación, el letrado anticipó que “es probable” que apelen el sobreseimiento ante la Cámara Federal porteña.

Justicia que no llega

María Arena se enteró de la noticia mientras desempeñaba su trabajo como productora de radio. “Bonadío no puede decir que no fue responsable porque no dio la orden, que no está probado que De la Rúa formó parte de la cadena de mando. Aunque haya sido un inepto para mantener la cadena de mandos, era el responsable principal, el responsable por omisión, por no dar las órdenes y no cumplir con su cargo. No puede decir que no está probado cuando hay muertos, no puedo aceptarlo”, dijo la compañera de Riva, el motoquero que circulaba por Avenida de Mayo cuando un disparo policial lo alcanzó y quedó tendido sobre el asfalto.

Arena se indignó cuando escuchó al ex presidente, que se permitió opinar que “a la Justicia le faltó investigar a quienes ese día trajeron grupos de choque para desatar la violencia y el fin del Gobierno”, siendo que el jefe de Policía de su gestión y media docena de sus subordinados tienen procesamientos confirmados por la masacre. “Este sobreseimiento confirma la ausencia total de responsabilidad penal del presidente, quien vuelve a lamentar la violencia de esos días, y el dolor de las víctimas, y reafirma que nunca hubo decisión del Gobierno de reprimir”, dijo De la Rúa hablando de sí mismo en tercera persona.

Quien también apelará la resolución de Bonadío es la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), que representa a la familia de Carlos “Petete” Almirón, otro de los muertos de la represiva despedida del gobierno delarruista. “Decirle a la Policía Federal, a través del ministro del Interior, que sacara a la gente de la Plaza implicaba, aunque no se hubiese pronunciado sobre los métodos, lo mismo que hizo Yrigoyen cuando le dijo al coronel Varela ‘vaya y haga lo que tenga que hacer’. Así como nadie discutiría que Yrigoyen fue responsable por los fusilamientos de la Patagonia, De la Rúa no puede salir a decir que en la Plaza no murió nadie, como dijo, cuando hubo muertos a pocas cuadras”, dijo Verdú.

El juez Bonadío también sobreseyó a cinco policías federales, los ex comisarios y oficiales Alfredo Salomone, Próspero Trezeguet, Daniel Manzini, René Derecho y Osvaldo Cannizzaro.

“Vemos cada vez más lejos la posibilidad de que un día se haga justicia, y con esta actitud del juez más aún, cada decisión es un indicio más de que nunca llegará”, dijo resignada la viuda de Riva.