No quedan más ovejas negras en la lista de paraísos fiscales. Las cuatro jurisdicciones que no suscribían a las normas de intercambio de información fiscal se comprometieron a colaborar. Uruguay fue el primero en conseguir salir, el viernes pasado, y ayer se sumaron Costa Rica, Malasia y Filipinas. Ahora los países pasaron a formar parte de un listado intermedio con otros 38 países que reúne a aquellos que quieren compartir pero todavía no lo hacen. El gobierno de la Banda Oriental aseguró que está dispuesto a levantar el secreto fiscal cuando lo soliciten aquellos países con los que firme acuerdos para evitar la doble tributación.

“Entre las 84 jurisdicciones que la OCDE sigue regularmente, no existe ninguna que forme parte de la lista negra”, se enorgulleció Angel Gurría, secretario general del organismo. Las últimas suscripciones llegaron tras las amenazas de sanciones enunciadas por el G-20. Entre las posibles reprimendas propuestas en el comunicado final de la cumbre figura la revisión (restricción) de los créditos provenientes de los organismos multilaterales si no cooperan. De todas formas, para Gurría ese tema dejó de importar: “La cuestión de sanciones ya no es relevante. Nos centraremos en los progresos realizados”. Si bien el primer ministro inglés, Gordon Brown, sentenció de muerte al secreto bancario, realizar una solicitud de información impositiva es un trámite muy complejo que de prosperar puede ser descartada con facilidad por el refugio fiscal si no desea compartir los datos.

La cumbre del G-20 consiguió poner a los paraísos fiscales en el centro de las críticas y planes de reforma pero algunos especialistas consideran que las medidas son insuficientes para limitar el influyente negocio. Semanas antes de la reunión la OCDE tuvo una avalancha de adhesiones a los estándares de parte de algunos de los paraísos más tradicionales, como Islas Caimán y Liechtenstein. La decisión de acceder a compartir información antes del encuentro parece más bien una movida política de poderosas jurisdicciones como Luxemburgo, Andorra, Mónaco o Hong Kong para evitar aparecer en la lista negra antes que un compromiso de sus gobiernos para controlar una actividad asociada al blanqueo de capitales, a la corrupción, al tráfico de armas y el narcotráfico. Se estima que los depósitos en los paraísos fiscales ascienden a 11,5 billones de dólares y los países de la periferia son los más afectados por el drenaje de estos fondos.

En todos los países festejaron su abandono de la lista negra. Para quitarse el estigma se comprometieron a impulsar legislaciones “para remover los impedimentos a la implementación de los estándares que serán incorporados en sus leyes y tratados”, señaló la OCDE. La organización quiere ahora agilizar el proceso de negociación de los acuerdos, pero los analistas internacionales advierten que la facilidad con la que los países acceden a aplicar los estándares propuestos por la organización pone en evidencia lo poco amenazantes que son estos convenios para los poderosos paraísos fiscales.

El ministro de Economía uruguayo, Alvaro García, señaló que el gobierno accederá a flexibilizar el secreto bancario –vigente desde 1982– sin necesidad de un proceso judicial en algunos “casos puntuales”. Uruguay es un destino predilecto para los evasores argentinos. Además, varias empresas “fantasma” radicadas en ese país se utilizaron para el pago de sobornos en los casos IBM-Banco Nación y la venta de armas a Ecuador y Croacia. El 15 por ciento de los depósitos en moneda extranjera del sistema bancario oriental, cerca de 2400 millones de dólares, pertenece a no residentes. El 90 por ciento de ese total es de argentinos.

“El compromiso nuestro con la OCDE es mandar este proyecto de ley en lo que resta de este año”, explicó el ministro de Hacienda de Costa Rica, Guillermo Zúñiga. El funcionario advirtió que podría haber demoras en la aprobación de la legislación para permitir levantar el secreto bancario ya que “la actividad parlamentaria tiene su propio ritmo, pero también tiene sus mecanismos: si logramos los acuerdos políticos las cosas pueden caminar rápido”, especuló. Por su parte, el gobierno suizo, que figura entre los que no cooperan aunque suscriben a los acuerdos, criticó la metodología con la que se elaboraron las listas.