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La decisión de la justicia peruana de condenar a Fujimori pone a Alan García en un lugar incómodo. Una razón es que tanto el actual presidente como aquél están acusados de violaciones a los derechos humanos. Mientras “El Chino” está preso y ahora condenado, García ha logrado zafar de la Justicia en el esclarecimiento de la masacre de El Frontón, una mancha indeleble de su primer gobierno (1985-1990). En junio de 1986, el ejército declaró los penales de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho “zona militar restringida”, desplegando un operativo militar que terminó no sólo con el motín protagonizado por senderistas, sino también con la vida de 219 internos. En 2004, once mandos medios fueron culpados por la ejecución extrajudicial de los presos. Sólo dos instancias determinaron la responsabilidad de los mandos políticos: la Corte de San José de Costa Rica y la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR). Según las conclusiones de la CVR, la masacre de los penales “marca un punto de inflexión: las fuerzas armadas actuaron con mayor autonomía en su actividad antisubversiva y sin que los poderes Legislativo y Ejecutivo las proveyeran de un marco legal”.

La otra razón es que García ha sido muy criticado por los pactos de su partido, el APRA, con el fujimorismo. Desde hace tiempo en el Congreso peruano tuvieron lugar la mayoría de los indicios del “entendimiento” entre el oficialismo y los fujimoristas. Fue un indicio la designación del abogado de Fujimori, Rolando Souza, al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando su cliente residía todavía en Chile y la Justicia peruana pedía la extradición. Luego se produciría el retorno del Chino a su tierra y como preso recibiría un trato VIP. Pero además, hay algo que hermana al fujimorismo con el APRA: la política económica. No quedan rastros de la pretendida socialdemocracia de García, habida cuenta del tratado de libre comercio con Estados Unidos y su apego sobreactuado a las líneas del supuestamente enterrado Consenso de Washington.

Ahora García, el mismo que puso peros para crear un Museo de la Memoria, puede argumentar que en su gobierno se hace justicia. Si bien en el escenario actual el presidente no puede dejar de despegarse del condenado, no es tan claro si los vínculos soterrados con el fujimorismo podrán hacerse visibles a la hora de la verdad. Para el politólogo y columnista de La República, Alberto Adrianzén, es improbable. “No veo que García tenga capacidad de maniobra en contra de la Justicia. Será difícil mover la sentencia porque los jueces son bastante independientes. Yo creo que es el primer gesto independiente del Poder Judicial desde la época de Fujimori.” Quien lo escucha no puede quitarse de encima el escepticismo.

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