La Corte Suprema presentó oficialmente la Comisión para acelerar las causas por delitos de lesa humanidad. El organismo, que se ocupará de resolver los problemas que traban los juicios a los represores, quedó integrado por diez personas, que son representantes de los tres poderes del Estado más un grupo de jueces invitados por su conocimiento del tema. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, estimó en 1800 los casos acumulados en embudo tras la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final.

La comisión –su título completo es Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad– se reunirá semanalmente y dará a conocer sus decisiones en la página web del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). “Tenemos ante nosotros un problema que básicamente es organizativo”, consideró Lorenzetti en la ceremonia. En ese sentido, señaló que la comisión realizará tareas de superintendencia, como las de facilitar infraestructura en el caso de los juicios orales demorados por falta de salas de audiencias y acelerar la designación de jueces para cubrir los juzgados vacantes. De la misma manera, la comisión también controlará que los procesos “se resuelvan en un plazo razonable”.

En representación del Ministerio Público fueron designados en el organismo Jorge Eduardo Auat y Pablo Parenti, de la unidad fiscal de Coordinación de la Procuración para las causas por violaciones a los derechos humanos. Por el trabajo que realizan allí, se considera a Auat y Parenti como quienes tienen el más claro panorama sobre los procesos abiertos en el país. Auat fue, por otra parte, fiscal en la investigación de la Masacre de Margarita Belén, y Parenti tuvo un rol importante en la elaboración del fallo con que el ex juez Gabriel Cavallo dictó la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad.

La Corte nombró en la comisión a Alfredo Kraut y Walter Vendi- tti. El primero es conocido como un hombre de diálogo directo con Lorenzetti, ya que fue su secretario letrado y en la actualidad se desempeña como titular de la Secretaría General y de Gestión del máximo tribunal; después de los ministros, Kraut es el funcionario con mayor autoridad en el área de Gestión de la Corte. Venditti es secretario letrado de la Corte, un cargo que históricamente funcionó como de nexo entre el máximo tribunal y los juzgados con juicios contra represores.

El Ministerio de Justicia puso en la comisión al subsecretario de Política Criminal Alejandro Slokar, elegido por Aníbal Fernández por su conocimiento de las reformas del Código Procesal para acelerar los juicios. El Consejo de la Magistratura envió al ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, impulsor del juicio contra los militares que durante la guerra de Malvinas estaquearon soldados. El Congreso designó a Juan Carlos Salerni, director de Asuntos Jurídicos del Senado.

En el equipo hay tres figuras convocadas por la Corte. Son el juez Daniel Rafecas (a cargo de la megacausa por los delitos cometidos por el Primer Cuerpo de Ejército), el secretario general de la Cámara de Casación Javier Carbajo y el juez jubilado del Tribunal Oral Federal Nº1 de la Capital Federal, Mario Gustavo Costa.

El acto se realizó en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Lorenzetti estuvo acompañado por Elena Highton de Nolasco y el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos.

La creación de un grupo con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue una propuesta de los organismos de derechos humanos, ante las demoras en los procesos a los represores que ponen en riesgo la posibilidad de llevarlos a juicio.

La comisión ya tuvo dos reuniones, la segunda de ellas ayer. Uno de los temas en los que ya comenzó a trabajar fue en la redistribución de las causas acumuladas en el Tribunal Oral Número 5 de la Capital Federal. La Cámara de Casación ya aprobó la reasignación de juicios, lo que originó una serie de cuestiones a resolver, como encontrar las salas donde se harán los procesos orales.

El primer pedido les fue presentado ayer, al término del acto, por Nilda Eloy, quien reclamó que se dé una solución a los problemas por los cuales la causa por la desaparición de Julio López carece desde hace dos meses de instrucción.