EL PAíS › PIQUETES Y DESPIDOS POR DEMORAS EN EL PAGO A EMPLEADOS PúBLICOS

Un día de protestas fueguinas

En Tierra del Fuego, trabajadores estatales se manifestaron ante la casa de gobierno provincial y las autoridades cruzaron acusaciones con el gremio ATE. Por la noche, se anunció el pago de sueldos adeudados y la remoción de personal de Economía.

 Por Laura Vales

La demora en el pago de los sueldos a los estatales de Tierra del Fuego generó una jornada de protestas en la provincia. En un clima difícil para la gobernación de Fabiana Ríos, hubo piquetes de empleados públicos frente a la casa de gobierno y un fuerte cruce con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El conflicto está relacionado con los reclamos de ATE de un aumento salarial. Según la gobernación, el quite de colaboración que realizan los estatales, incluido el personal jerárquico del Ministerio de Economía, desde hace más de una semana, impidió que se completaran los trámites para cobrar sus propios sueldos. ATE rechazó esta acusación y dijo que el argumento busca desacreditar sus pedidos de mejoras. Por la noche, la provincia removió a los directores acusados de trabar las liquidaciones de los salarios y habilitó su pago.

Tierra del Fuego tiene una complicada situación de crisis por la falta de recursos; éste es el punto en que coinciden las autoridades con los sindicatos. Los estatales reclaman desde mediados del año pasado la incorporación de 500 pesos al salario básico. La versión de la gobernación es que el traslado de este aumento a las categorías más altas supondría para los sueldos jerárquicos mejoras “de entre tres mil y cuatro mil pesos”. Los colaboradores de Ríos agregan que esto exigiría a la provincia un gasto extra de 300 millones de pesos al año, que el Estado provincial no puede asumir.

El conflicto viene de arrastre desde el año pasado, aunque en los últimos diez días los estatales reforzaron su plan de lucha con un quite de colaboración. En este marco, ayer, día de cobro y además víspera de los feriados de Semana Santa, la gobernación anunció que no había podido depositar los salarios del personal del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y que, si la medida de fuerza no cesaba, era probable que nadie cobrara hasta el lunes.

De inmediato hubo protestas. Los trabajadores hicieron una asamblea en la casa de gobierno y luego, repartidos en tres grupos, hicieron piquetes en los accesos a la gobernación. Aunque inicialmente se difundió la versión de una toma del edificio, tanto el gobierno provincial como el sindicato aclararon que se trató de manifestaciones en la calle, que no impidieron la entrada ni la salida de los funcionarios.

El secretario general de ATE, Carlos Córdoba, rechazó que la demora en el pago de los sueldos haya sido causada por los quites de colaboración de esta semana. “Estamos pidiendo pura y exclusivamente lo que nos corresponde, como el pago de la escolaridad, los 500 pesos al básico, el llamado a las paritarias y, por supuesto, el pago de haberes como corresponde. Está todo listo para que paguen, lo único que tiene que hacer el tesorero es librar las liquidaciones”, sostuvo durante la tarde de ayer, antes de que comenzaran a acreditarse los sueldos.

Córdoba detalló que el quite de colaboración “se debe a que la provincia prohibió hacer asambleas en los lugares de trabajo; la retención de tareas es una de las herramientas que nos quedan en esta situación”.

La separación de su cargo del personal jerárquico alcanzó a ocho directores y jefes de departamento, unos del Ministerio de Economía y otros de la Secretaría General de Gobierno. La gobernadora dispuso la medida por decreto. El ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, sostuvo que “frente a una medida extraordinaria, como lo es impedir el pago de sueldos, al gobierno le corresponden reacciones extraordinarias. Los directivos tuvieron un tiempo prudencial para deponer las medidas. Como esto no sucedió, y ante la desobediencia de órdenes expresas, se determinó la remoción de los agentes”.

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La gobernadora Fabiana Ríos despidió a personal jerárquico de Economía por “desobedecer órdenes expresas”.
 
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