La sensación de revancha que sintió Fernando de la Rúa la semana pasada, cuando fue exculpado de manera provisoria en la causa por la masacre del 20 de diciembre de 2001, podría evaporarse si prosperan las apelaciones que están presentando por estas horas tanto la fiscalía como las querellas ante la Cámara Federal. Ayer, el fiscal federal Luis Comparatore apeló el sobreseimiento del ex presidente en este proceso en el que se lo investiga por cinco homicidios culposos ocurridos aquella jornada que culminó con su renuncia. El representante del ministerio público sostuvo que “parece imposible de creer que ante tamaña situación (de descontrol) el entonces primer mandatario fuera absolutamente ajeno a lo sucedido, máxime si, como él mismo lo expresa, se encontraba considerando su renuncia, y los violentos hechos que se sucedían debían ser un elemento necesario a ponderar en tal sentido”.

En un dictamen de siete carillas, Comparatore también apeló los sobreseimientos de los policías Héctor Salomone, Próspero Trezeguet, Daniel Alfredo Manzini, René Derecho y Osvaldo Canizaro, dictados por el juez federal Claudio Bonadío. El fiscal sostuvo que al ex presidente “le corresponde responsabilidad omisiva a título de negligencia, pues debía poner mayor celo en su carácter de último comandante de las fuerzas de seguridad, por más que su función no fuere operativa”. A su criterio, “es obvio que las circunstancias extraordinarias en que los hechos investigados tuvieron lugar exigían una dedicación también fuera de lo común”, y añadió que “parece de una inverosimilitud increíble” que la policía hubiese actuado sin el “consenso presidencial”.

El juez federal Claudio Bonadío había procesado a De la Rúa en 2007 por considerarlo autor del delito de “homicidio culposo” de cinco manifestantes que reclamaban en inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco porteño. Posteriormente, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dispuso una serie de medidas de investigación. Según el magistrado, no llevaron a nada nuevo, por lo cual dispuso el sobreseimiento. Las pruebas ordenadas por decisión de la Cámara “han arrojado resultado negativo, por lo que no restando medidas de prueba por realizar, corresponde sobreseer al nombrado”, consignó el juez. Bonadío consideró “no probado” que el ex presidente haya estado en reuniones de gabinete relativas al tema de la seguridad en esas frenéticas horas del precipitado final de su mandato, como una que lo ubicaba junto a su ex secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, y el ex ministro del Interior, Ramón Mestre.

El 20 de diciembre de 2001 fueron asesinados por la represión policial, en inmediaciones de Plaza de Mayo y el Obelisco, los manifestantes Alberto Márquez, Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos “Petete” Almirón y Gustavo Benedetto, y centenares de personas resultaron heridas. Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales que representa a María Arena, viuda de Riva, apelará también el sobreseimiento dictado por Bonadío. Y lo mismo hará la abogada María del Carmen Verdú (Correpi), en nombre de la familia Almirón.