El fiscal de la Cámara de Casación Ricardo Wechsler dictaminó en favor de que la suerte del jefe de la Armada, Jorge Godoy, en la causa por espionaje ilegal en la Base Almirante Zar sea decidida por el juzgado federal de Rawson, donde se investigó la causa original. El proceso se estancó hace meses luego de una presentación del almirante que planteó que debía ser juzgado en los tribunales de Buenos Aires, lo que llevó a un conflicto de competencias. En tanto, hoy habrá una audiencia en la Cámara de Comodoro Rivadavia en la que el CELS solicitará que se revoque la falta de mérito al jefe del Armada.

El fiscal de Casación recordó que la Sala II de la Cámara Federal había fallado en favor de Godoy y había enviado la causa al juzgado de Daniel Rafecas, pero disintió con Sus Señorías y planteó que “corresponde que siga interviniendo el juzgado de Rawson”. Wechsler señaló que el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, tenía avanzada la investigación y que debería ser él quien continuara la pesquisa “para no provocar un grave retardo en la causa”.

Sastre le había dictado falta de mérito a Godoy, ya que consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo o absolverlo. El CELS apeló la decisión y hoy tendrá una audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia –la misma que procesó al ex jefe del Ejército Roberto Bendini– en la que se solicitará que se revoque la falta de mérito de Godoy y del segundo de la Armada, Benito Rótolo. En la audiencia también se presentarán dos de los jefes navales que sí fueron procesados por Sastre, el capitán de navío Carlos Ruda y el contraalmirante Luis De Vicenti, que apelarán ese procesamiento.

La causa por espionaje ilegal en diversas bases navales empezó en marzo de 2006, con la denuncia del cabo Carlos Alegre, que integró el grupo de inteligencia de la Base Almirante Zar, pero se negó a cumplir las órdenes ilegales. La Justicia allanó las bases de Trelew y de Puerto Belgrano, en las que descubrió fichas sobre políticos, organizaciones sociales y derechos humanos. La ministra de Defensa, Nilda Garré, separó a dos de las principales autoridades de la Armada y cerró las oficinas de inteligencia de las bases. El proceso pasó por las manos de tres jueces y sufrió varias demoras, una de ellas cuando Godoy presentó una denuncia en la que reclamó un sistema de encriptamiento que supuestamente había sido secuestrado en un allanamiento. Finalmente, Sastre procesó a los 12 marinos imputados en la causa original. El juicio oral a los espías, sin embargo, está lejos de comenzar: la Cámara designó tres conjueces y todos se excusaron.

El CELS pidió que se indague al jefe de la Armada y al resto de la cúpula; en el caso de Godoy y de su segundo, Benito Rótolo, por haber firmado el Plan Básico de Inteligencia Naval (PBIN) 2005, que incluía los conceptos de “amenazas asimétricas” y de “comunicación institucional”, que avalaron el espionaje ilegal. El concepto de “amenazas asimétricas” incluía al terrorismo, narcotráfico y “cualquier otra cosa que como tal se manifieste” y con el de “comunicación institucional” habilitaba a los espías a investigar a quien pudiera afectar la imagen de la Armada.

Godoy se presentó a indagatoria luego de varias postergaciones e hizo un discurso político ante el juez. Planteó que “la Armada tuvo un papel protagónico en el período muy importante del siglo XX” y defendió el concepto de “amenazas asimétricas”: “Las instituciones armadas deben brindar seguridad a la sociedad (...) Una afectación de la seguridad también son las nuevas amenazas, que son equivalentes a las amenazas asimétricas: el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando de tecnologías sensitivas, etc.”, afirmó Godoy.

A la audiencia de hoy ante la Cámara de Comodoro Rivadavia es improbable que asista Godoy en persona, pero estarán seguramente los abogados del jefe y del vicejefe de la Armada. Los dos letrados pertenecen a Fores, una ONG que a comienzos de la democracia pidió que se mantuviera a los jueces de la dictadura. Lo que se dice, una línea de coherencia.