Desde México, D. F.

Ni la migración ni el libre comercio ni el cambio climático ni la crisis financiera global estarán en el centro de la agenda del primer encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par de México, Felipe Calderón. El tema dominante es el narcotráfico. Aun cuando se han programado para hoy dos reuniones de las comitivas presidenciales, en las que se tocarán diversos asuntos, e incluso una de ellas será encabezada por los dos presidentes, en los días previos las señales enviadas por ambos gobiernos se enfocaron en temas de seguridad en la frontera y en la necesidad de cambiar las estrategias para el combate al crimen organizado.

Calderón y Obama ya se habían reunido en enero, en Washington, cuando el estadounidense aún era presidente electo. Este segundo encuentro, ya con ambos en plenas funciones, ha sido considerado en Estados Unidos como una “reunión de trabajo”. El gobierno mexicano incluso ha bajado sensiblemente sus expectativas en dos temas que le interesan particularmente.

Uno es la migración, que enfrenta la crisis económica como principal obstáculo para avanzar en la legalización de los millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos; el otro es el tráfico impune de armas de Estados Unidos hacia México, que alimenta la violencia desatada en los últimos dos años en este país y que ha sido la principal queja de la administración de Calderón, el cual tampoco será atendido.

Estados Unidos prefiere centrarse en la cuestión de la seguridad fronteriza. Dan Restrepo, consejero adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América latina, confirmó el martes pasado que Obama solicitó 350 millones de dólares adicionales al presupuesto del Pentágono para reforzar la lucha contra los carteles de la droga en la frontera sur. “Haremos nuestra parte de este lado de la frontera”, dijo Restrepo, quien precisó que los fondos constituyen una reserva contingente para reforzar la seguridad fronteriza con el envío de más agentes, más equipo y pertrechos.

En el discurso, el gobierno estadounidense reconoce su parte de responsabilidad por la narcoviolencia que padece México y hasta se ha comprometido a tratar de contener el tráfico ilegal de armas, pero, en la realidad, allá nadie ve posible un cambio legislativo que resuelva el problema. Para algunos, las presiones de Calderón para que Estados Unidos impida la venta indiscriminada de armas resultan “ridículas” no sólo porque eso implicaría modificar la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el derecho ciudadano a poseer armas, sino ante el poder económico de quienes cabildean para preservar el derecho a exportar la muerte.

“En estos momentos, y en un futuro cercano, yo no veo ninguna posibilidad de que hagamos un cambio constitucional sobre la venta de armas simplemente porque nos lo pide el gobierno mexicano”, dijo el demócrata neoyorquino Eliot Engel, presidente del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes al semanario mexicano Proceso. “Es lamentable, pero es la realidad”, sostiene.

Engel, quien es uno de los pocos líderes del Congreso estadounidense que aboga por “hacer todo lo que se pueda” para detener el tráfico ilegal de armas de fuego a México, resume: “Hay muchos millones de dólares detrás de la defensa constitucional para poseer y portar armas en este país, y está demostrado en nuestra historia reciente que quien se atreve a promover un cambio constitucional en este sentido está destinado al fracaso y a la pérdida de su puesto como funcionario público. Aunque el presidente Obama quiera ayudar a México en este sentido, no se va a atrever a hacerlo, ni nosotros (los demócratas) en el Congreso, y mucho menos los republicanos”.

Para David Rittgers, ex funcionario del Pentágono y especialista en temas legales de la Organización Cato (dedicada al análisis y estudio de las políticas federales del gobierno de Estados Unidos), la presión de Calderón para que la Casa Blanca prohíba la venta de armas de cualquier tipo es “ridícula”, sobre todo si implica la más mínima modificación a la Constitución estadounidense.

Rittgers dice que si el gobierno de Calderón quiere detener la entrada de armas por el norte de su frontera, debería entonces limpiar de corrupción su propio sistema de aduana en la frontera con Estados Unidos. “Un cambio a nuestras leyes por pedido de México sería ridículo, no serviría de nada.”

Con estos antecedentes, las cada vez más frecuentes presiones de la administración de Felipe Calderón sólo encuentran un eco retórico en la Casa Blanca, pero el costo por la narcoviolencia asociada al tráfico ilegal de armas seguirá pagándolo México.