Los ruralistas que irrumpieron en la pista de aterrizaje de la base aérea de Paraná cuando llegaba el avión de Cristina Kirchner fueron denunciados ante la Justicia federal. La ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó que se les iniciara una demanda “por la violación del artículo 190 del Código Penal, que castiga acciones contra la seguridad en los medios de transporte, incluidos los aéreos”. Así lo informó su ministerio a través de un comunicado oficial, en el que criticó con dureza a “quienes perturbaron la seguridad de la Presidenta de la Nación”. Más tarde, desde el gobierno nacional le bajaron el tono a la denuncia, que coincidió con el llamado del titular de la AFIP a los dirigentes del agro para una nueva reunión.

Los incidentes ocurrieron el jueves, cuando unos ciento cincuenta productores liderados por Alfredo De Angeli sortearon los cordones policiales de la base militar gritando “¡Argentina, Argentina!” y “¡Viva la patria!” en momentos en que la Presidenta bajaba del avión. Hubo forcejeos entre la seguridad y los ruralistas, en una escena con tono de escrache; finalmente Alfredo Bel, representante de los productores de Paraná, llegó a quedar cara a cara con Cristina, a quien le entregó un petitorio, que la Presidenta recibió y dijo que leería.

Como primera consecuencia del episodio, el jefe de la base, comodoro Juan Eduardo Trezzo, resultó relevado. Según fuentes de la cartera de Defensa, fue Trezzo quien antes de dejar el cargo llevó la denuncia al juzgado federal, con una presentación que no incluyó nombres, por lo que De Angeli, apuntaron, no fue imputado en la denuncia.

En declaraciones radiales, De Angeli se calificó como un “perseguido político” y justificó el modo en que llegaron a la Presidenta. “Si nos hubiera recibido, se hubiera evitado esto, sólo queríamos llegar a entregarle el petitorio.”

“No creo que hayamos puesto en peligro la seguridad de la Presidenta. El avión estaba parado”, señaló. “Lo que pasa es que estaba todo abierto ahí. Pero si violamos ese lugar, pido disculpas.” El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos agregó que se someterá “a la Justicia”, pero en la línea de victimizarse, sostuvo que hace algunos años el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, le dijo “vos vas a joder y joder hasta que te vas a pudrir en la cárcel”.

El ministro Fernández, por su parte, consideró “una locura hablar con impunidad como si (De Angeli) tuviera derecho a hacer lo que hizo”. “No estoy cuestionando –siguió– su legítimo derecho a plantear su queja por determinado nivel de política, pero la forma es absolutamente cuestionable. ¿Se imagina metiéndose en una base militar de Estados Unidos, acercándose a Air Force One? No llega, lo más probable es que le tiren un par de tiros antes. Querer minimizar la seguridad de la Presidenta sería una estupidez.”

En cuanto al relevamiento del responsable de la base aérea, Garré confirmó que la decisión de apartarlo se tomó “por la impericia demostrada en la misión que tenía, que era garantizar la seguridad” de Cristina Fernández de Kirchner. “La situación era incontrolable; afortunadamente no se actuó como habitualmente se actúa si alguien quiere irrumpir en una base militar porque tiene consecuencias más gravosas; por suerte hubo madurez”, coincidió con su par de Justicia.

Garré apuntó que la Justicia deberá decidir si corresponde adjudicar responsabilidad por los incidentes a las entidades agrarias, o si sólo corresponderán acciones legales contra las personas que ingresaron a la pista de aterrizaje. “Tuvieron una conducta que está tipificada en el artículo 190 del Código Penal e incluso está penada gravemente de dos a ocho años”, concluyó.