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Cuando la impunidad se ensaña con un cadáver

Un concejal riojano del ARI fue acusado falsamente por el gobierno local y amenazado de muerte por radio por un ministro. La APDH fue invitada a intervenir y tomó conocimiento de numerosos casos que revelan una absoluta falta de garantías. Cómo actúa el gobierno. Quiénes son las víctimas. Los casos.

 Por Irina Hauser

Una de las denuncias más escalofriantes que recibió la APDH en La Rioja cuenta la historia y los entretelones políticos de la muerte de Rita Narbona, una chica cuyo cadáver apareció momificado en un baldío veinte días después de que desapareciera de su casa, en Chamical. Por esa muerte terminó preso, sin pruebas, un hombre humilde, y muerto un testigo que podía salvarlo. El relato fue presentado por un grupo de ciudadanos riojanos bajo el nombre de “Autoconvocados en la Lucha Anticorrupción”.
Rita Narbona de Neira tenía 24 años, tres hijos, era catequista y empleada doméstica. Desapareció misteriosamente el 19 de diciembre de 1998. La policía le dijo al marido de la joven que la habían encontrado en el pueblo de Santa Cruz, a unos 250 kilómetros, con otro hombre y que no quería volver, cuenta la denuncia en manos del organismo. El cadáver de la chica, sin embargo, fue descubierto el 8 de enero en un descampado a metros del populoso barrio A. V. Peñaloza, cercano a donde ella vivía. A su lado, había un short y una remera de hombre.
Pero lo más sorprendente fue el estado en que estaba el cuerpo: duro y seco, convertido en “momia”, un resultado que difícilmente hubiera ocurrido de manera natural, porque llevaría meses y las condiciones climáticas, de lluvias incesantes por esos días, lo tornaban imposible. Todo hacía pensar, rumoreaban los pobladores, que había sido sometida a un proceso de laboratorio para dificultar una autopsia que determinara qué pasó con ella. Además, le faltaban todos los dientes.
El juez que quedó primero a cargo de la investigación de la muerte fue Gerardo Luna Corzo, el mismo a quien Servini de Cubría investiga por las jubilaciones truchas y uno de los que mandó a detener al concejal Pablo Díaz (ver nota central). Subrogaba a José Eduardo Tapia, que estaba de viaje. A su regreso este juez impulsó la pesquisa y cuando estaba por recibir testimonios claves –sobre todo el de un hombre que había contado que la noche del 7 de enero vio descargar un bulto de una camioneta en el baldío– fue empujado a renunciar bajo amenaza de juicio político. La denuncia cuenta que en Chamical “surgió el incontenible rumor de que Rita Narbona había sido asesinada en una de las habituales fiestas negras a las que concurrían funcionarios, políticos y poderosos comerciantes locales”.
En el juicio oral, el año pasado, una de las periodistas que más investigó del tema, Dora Bazan, declaró que a los pocos días del hallazgo de la muerta su colega Enrique Nicolini, actual secretario de prensa del intendente de Chamical, Juan Pedro Carbel, le dijo: “El cadáver se le cayó a Juan Pedro (el intendente) de la camioneta”. En ese momento de la audiencia el cura Fray José Luis Genaro se puso de pie y pidió retirarse de la sala porque, advirtió: “A mí Nicolini me dijo lo mismo”. Otro de los funcionarios que apareció mencionado en algunos testimonios fue el decano de la regional Chamical de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), César Rosendo Vera, que al parecer tenía vinculación con la familia de Rita. La sospecha popular instalada era que el único lugar donde se pudo haber hecho la momificación era el laboratorio universitario.
El tribunal a cargo del caso fue el mismo que mandó a detener recientemente a Díaz, aunque en lugar de Luna Corzo (que llevó adelante la instrucción) actuaba Graciela Molina de Alcazar. Por la muerte de Rita los dos jueces varones votaron condenar a 15 años de cárcel a un amigo del marido de Rita, Francisco “Coco” Molina, un jornalero pobre, contra quien no se exhibió ninguna prueba palpable ni peritaje que lo incriminara. A los periodistas jamás los carearon. La ropa que se encontró junto al cadáver a Molina le quedaba alevosamente chica. Y Reyes Ruiz, el testigo que daría elementos cruciales para demostrar que era inocente, apareció muerto de un golpe pocos día antes del juicio.

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Juan M. Ramos Padilla, el abogado que investigó los casos.
 
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