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“Mírelo a Díaz. ¿Usted cree que, el día de mañana, Díaz cuando deje de ser concejal y tenga una necesidad alguien le va a acercar un escarbadientes? Es un torpe atroz. Es una pobre persona. Ese hombre necesita tratamiento, está loco, está matando, enjuiciando a los que a lo mejor han hecho las cosas mal, pero pone en la bolsa a todos. ¿Qué se cree, El Llanero Solitario? No, al Llanero Solitario también le entraban las balas.” Al secretario de Educación del gobierno de La Rioja, Miguel Angel Asis, lo único que parecía importarle era dejar sentada la amenaza, en este caso de muerte. Dijo lo que dijo por una radio local y antes de desvanecerse en el éter la frase –que pronunciada quizá por algún funcionario nacional hubiera sido un escándalo– llegó a su principal destinatario, el concejal provincial Pablo Díaz (ARI).
Díaz fue sorpresivamente detenido a fines de octubre en una causa por calumnias e injurias que le había iniciado la ex secretaria de Educación de su pueblo, Olta. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que fue a socorrerlo elaboró un informe denunciando violaciones a derechos básicos, entre ellos el de libertad de expresión y el de ser juzgado por un tribunal independiente. Además de lograr librar al concejal de las rejas, la presencia del organismo en el lugar hizo estallar una ola de denuncias. Muertes extrañas, presos inocentes, suicidios simulados en dependencias policiales, jueces que fuerzan declaraciones y testigos asesinados poco antes de declarar.
El caso de Díaz es paradigmático y reciente. En La Rioja es un hombre muy conocido porque desde hace varios años viene desentrañando un sistema que otorgó miles de jubilaciones truchas en la tierra de Carlos Menem, ya sea como método de compra de votos para el partido gobernante o como forma de multiplicar los ingresos de unos cuantos funcionarios.
Su arresto fue ordenado por tres jueces riojanos, del departamento de Chamical. Uno de ellos es Gerardo Luna Corzo, quien actualmente es investigado por la jueza federal María Romilda Servini de Cubría por haber intervenido en el trámite de retiros ilegítimos de varios funcionarios. Otro de los jueces que firmó la decisión fue Aniceto Romero quien, según la denuncia, es tío de dos de los principales denunciados en la causa de Servini por haber recibido jubilaciones cercanas a 6000 pesos que no les correspondían: Carlos Omar Menem, ex diputado nacional y ex gerente de la ANSES, y Carlos Alberto Romero, ex diputado nacional y actual secretario de Asuntos Municipales de La Rioja.
Hay por lo menos tres enormes expedientes en la Justicia Federal porteña donde se están constatando buena parte de las acusaciones de Díaz: el otorgamiento de jubilaciones bancarias, municipales y de amas de casa concedidas de manera irregular, a menudo inventando cargos que los beneficiarios no ocuparon y por montos a veces mayores a 6000 pesos mensuales. El fraude es millonario. Sólo en el caso de los bancarios el fiscal Guillermo Marijuán calculó que superaría los 60 millones de pesos.
Al día siguiente del arresto, el propio gobernador Angel Maza acusó públicamente a Díaz de “causar un daño terrible a muchas familias” con sus demandas judiciales. En sus denuncias, Díaz siempre señaló vinculaciones entre muchos de los falsos jubilados con el mandatario provincial. En cuanto a los magistrados Luna Corzo y Romero, se terminaron excusando en el caso, como reconociendo su parcialidad, pero recién después de ordenar la detención del edil.
El equipo de la APDH, encabezado por el ex juez Juan M. Ramos Padilla, que es su secretario de defensa de las libertades públicas, había ido a La Rioja puntualmente por el caso de Díaz. “Pero rápidamente vimos que la persecución política, los intentos de todo tipo por callar las voces opositoras están extendidos por todas partes en la provincia, y seconcretan a través del Poder Judicial y de varios medios de comunicación”, relató el letrado a Página/12. “En relación a Díaz, intimé al ministro coordinador para que me dijera qué fiscal de la provincia estaba investigando las amenazas de Asis y la excusación tardía de los dos magistrados pero sólo recibí invitaciones para tomar café, nunca una respuesta”, agregó.
Después de la absolución de Díaz, Ramos Padilla se topó con una cola interminable de riojanos que iban a llevarle denuncias, que terminaron sumando más de 200, sobre situaciones de todo tipo que a su vez mostraban un denominador común: el uso de las instituciones públicas al servicio de los intereses de los poderosos y como herramienta para infundir el terror, incluso a cualquier precio.
–Mi hijo está preso por un delito que no cometió, pero preferiría que usted no vaya a verlo a la cárcel porque podrían matarlo –escuchó Ramos Padilla de una mujer empapada en lágrimas.
–El mío apareció muerto en una dependencia de la policía. Dijeron que se suicidó pero estoy segura de que lo mataron –se sumó otra madre desesperada, en la antesala del hotel Libertador.
El organismo ahora analiza los casos que conocieron en La Rioja y en los próximos días pedirán explicaciones al gobierno provincial. Después, como lo hicieron en el caso de Pablo Díaz, elevarán un informe señalando todos los derechos humanos que han sido violados y cómo.
Hasta ahora el gobierno local ha dicho, en una carta dirigida al titular de la APDH, Alfredo Bravo: “Para nuestro gobierno, inspirado en la raíz cristiana, la cual abreva el Movimiento Nacional Justicialista al cual mayoritariamente pertenecen sus autoridades, el respeto por los derechos del hombre constituye un norte prioritario (...) nuestra conducta ha sido siempre la del respeto y del diálogo, con aquellos que expresan posiciones ideológicas o políticas contrarias a nuestro pensar (...) rechazamos total y absolutamente el contenido y las conclusiones del citado informe por no corresponderse con la realidad provincial, sobre lo cual todos los riojanos con su trabajo bregan por su constante elevación (sic)”.
–¿Cómo evalúa la situación institucional en La Rioja? ¿Es comparable a otra provincia? –le preguntó este diario a Ramos Padilla.
–Creo que es el peor caso de todos. No he ido a San Luis, por ejemplo, donde se conoce una situación delicada. Pero nunca antes me había pasado, como en La Rioja, que me parara un policía en la calle y me contara a escondidas que allí se violan todos los derechos humanos. Estoy vinculado a la Justicia desde 1971 y nunca vi tanto miedo en los presos para dar información. No pueden sacar una carta sin que sea leída previamente por el Servicio Penitenciario.