Aunque la audiencia de ayer en el juicio por los casos de Iris y Floreal Avellaneda fue suspendida por la indisposición del represor acusado Fernando Verplätsen, una denuncia de los querellantes sacudió el ambiente. “La presidenta del Tribunal Oral Federal Nº1 de San Martín agravia a las víctimas y testigos de la causa Avellaneda y obstaculiza la prueba de los delitos que configuraron el genocidio argentino”, expresó la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) en un comunicado.

El organismo defensor de los derechos humanos cuestionó la actitud de la jueza Lucila Larrandart por los permisos otorgados a las defensas de los seis represores acusados, entre ellos Omar Riveros, en los interrogatorios a las testigos y víctimas. Según precisó, “hizo caso omiso de los compromisos internacionales del Estado argentino de proteger a las víctimas y testigos del genocidio de todo agravio físico u oral que los vuelva a victimizar invirtiendo el sentido reparatorio de estos juicios, cuestión que atañe a la sentencia sino a todo su procedimiento y publicidad efectiva”. La LADH mencionó que “Larrandart permitió que la abogada de la defensa preguntara a Iris Avellaneda la frecuencia horaria con que le era aplicada la picana eléctrica, algo que no tiene sentido jurídico puesto que la pena por torturas no se gradúa por frecuencia horaria ni por otra variante, siendo la pregunta un intento de mortificar psicológicamente a la víctima con el recuerdo del horror vivido”. A la Liga también preocupa “la obstaculización de la labor de las querellas y la fiscalía cada vez que intentaron desplegar la estrategia jurídica explicitada cuando pidieron la elevación a juicio: comprender el asesinato del Negrito Floreal y el secuestro de su mamá en el contexto histórico que desde la Causa 13 para acá nadie se atrevió a cuestionar: plan de exterminio, terrorismo de Estado, imposición de un modelo neoliberal, exterminio de un grupo nacional a favor de los grupos de poder”.

Por su parte, el colectivo Justicia Ya! hizo propia la denuncia de la LADH y anunció que hoy presentará los hechos ante el Consejo de la Magistratura. Solicitará que los consejeros tomen las medidas pertinentes y designen veedores para que acudan a las próximas audiencias, luego de pedir los videos a Canal 7 de las pasadas.