El gobierno porteño insiste con su proyecto de crear una nueva Dirección de Inteligencia Criminal. Raúl Rosa, un ex agente de la SIDE promovido por el ex comisario Luis Patti en el apogeo del menemismo, es el padre de la idea y, como tal, volvió a reivindicar su criatura durante una reunión de asesores de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña. Para ser más ilustrativo, lo hizo mediante una exposición con Powerpoint. “Queremos que salga la ley”, dijeron los hombres del PRO que defienden la norma presentada en noviembre pasado por los diputados oficialistas Cristian Ritondo y Víctor Daniel Amoroso, como ya informó Página/12.

El proyecto de ley, cuyo expediente lleva el número 2851-D-2008, señala que la Dirección de Inteligencia Criminal dependerá en forma directa del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad, a cargo del ex juez Guillermo Montenegro. Rosa, quien es asesor de Amoroso, el sindicalista que irá por la reelección el 28 de junio, sostiene que un informe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Nación avala la pretensión del macrismo de tener un organismo semejante en la ciudad. Con este respaldo, la ley sigue bajo tratamiento en la Comisión de Seguridad que preside la diputada del Frente para la Victoria Silvia La Ruffa. Tres fuentes consultadas por este diario aseguraron lo que se presentía: que el proyecto de Ritondo y Amoroso no será discutido por la Legislatura hasta después de las elecciones.

El blindaje que intenta imponerle el gobierno porteño a la seguridad combina organismos judiciales y de control, más una fuerza policial propia. Ya se había nutrido de la Agencia de Control Comunal que dirigía el apologista de la dictadura militar Federico Young –luego reemplazado por Pablo Bourlot–, la Unidad de Gestión de la Información y Control Operativo a cargo de Rodrigo Bonini y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) que conduce el abogado Ramiro Monner Sans, entre otras dependencias que creó o fusionó.

Con una jerarquía de menor importancia, pero concebida para despejar las calles de personas sin techo o edificios ocupados por indigentes, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) cobró más notoriedad que aquellos apéndices del gobierno por sus violentos operativos nocturnos. Es sobre este tablero de ajedrez donde el pro-activo Mauricio Macri ha decidido jugar la pieza más funcional a su política de seguridad: la Policía Metropolitana. Y la Dirección de Inteligencia porteña vendría a encajar a la perfección en este dispositivo integral de vigilancia que ciertos opositores ya definen como el Gran Hermano de George Orwell, aunque no ocurre en 1984, su célebre libro, sino en 2009.

Una de las críticas que se le formulan al proyecto de ley –”la SIDE de Macri”, como definió la diputada de Nueva Izquierda Patricia Walsh– es que “se encuentra excesivamente ocupado en explayarse sobre el personal que compondrá el cuerpo a crearse, la clasificación de las actividades de inteligencia, la información y su carácter, y no propone nada novedoso sobre el tema”. El diputado Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, integra la Comisión de Seguridad, es abogado y estudió los dieciocho artículos del proyecto: señaló que debe superarse “el concepto de espía o, como enuncia el artículo 13 del proyecto, el de informante, confidente o colaborador”.

La diputada Liliana Parada viene denunciando la política represiva de la administración Macri y también apeló al paralelismo con Orwell: “Vamos a vivir un Gran Hermano, pero no nos vamos a hacer famosos. Nos van a estar observando de todos lados y lo que se pondrá a favor de la bendita seguridad es como el famoso programa, aunque no tiene premio”.

Otro de los cuestionamientos que recibió el proyecto es que “cae en el error de crear mediante una ley particular un órgano integrante del gobierno (en este caso una dirección), facultad que no le compete sino al Ejecutivo, que posee la iniciativa a través de la Ley de Ministerios”. En cambio, Ritondo, uno de los coautores de la iniciativa legislativa, había dicho cuando la presentó que “no es la SIDE de Macri” y aclaró que “el gobierno de Kirchner creó una Dirección de Inteligencia Criminal y nosotros estamos siguiendo el mismo camino”.

Por eso, en tándem con Amoroso, propone en el artículo 3 de su proyecto que algunas de las funciones del organismo serán “analizar la información criminal, mantener informado al ministro de Justicia y Seguridad y por intermedio de éste al jefe de Gobierno, elaborar el plan anual de Inteligencia Criminal para la ciudad, colaborar mediante pedido expreso con el Poder Judicial de la ciudad y con cualquier organismo del territorio nacional que lo requiriese, participar del sistema de Inteligencia nacional, planificar y ejecutar las actividades de obtención y análisis de información para la producción de inteligencia criminal, planificar y ejecutar actividades de contrainteligencia y elaborar un informe anual”.

Esta iniciativa del PRO, apoyada en la muletilla de la seguridad como fuerza motriz de su política, e incluso como seductora propuesta electoral para las clases medias, se reconoce, en parte, en la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), la de Defensa Nacional (23.554) y la de Seguridad Interior (24.059). Con todo, los diputados del PRO puntualizaron en los fundamentos de su proyecto que “información y acción son dos elementos básicos para dar seguridad a nuestros ciudadanos”. Pero también se preguntaron: “Ahora bien, cómo llegar a la acción sin la información, cómo combatir el delito con simple presencia policial”. Los peronistas Amoroso y Ritondo creen que la respuesta está en atacar el problema por derecha.