Jueves, 21 de mayo de 2009 | Hoy
EL PAíS › EL ACUERDO CíVICO Y SOCIAL APELARá EL FALLO DE LA JUSTICIA ELECTORAL
“Estamos tratando de que esto no quede como un precedente para el futuro. No importa tanto el caso de esta elección”, repitió el abogado Ricardo Gil Lavedra al explicar por qué insistirán con que las candidaturas testimoniales no son legales.
Por Sebastian Abrevaya
Tal como estaba previsto, la oposición apelará el fallo del juez electoral Manuel Blanco en el que rechazó las impugnaciones de las denominadas candidaturas “testimoniales” y de la postulación de Néstor Kirchner. Los abogados del Acuerdo Cívico y Social, integrado por la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo, estaban trabajando hasta última hora en la redacción de la presentación que llevarán hoy por la noche a la Cámara Electoral. “Estamos tratando de que esto no quede como un precedente para el futuro. No importa tanto el caso de esta elección, importa el precedente”, dijo ayer el candidato a diputado por la Capital Federal Ricardo Gil Lavedra, el máximo responsable de las presentaciones.
A las 8.50 de la mañana, le llegó al ACS la cédula donde se les notificó el fallo y los fundamentos del juez Blanco para rechazar las dos impugnaciones. Durante el día de hoy, Gil Lavedra y la letrada Claudia Cisneros trabajarán en la redacción del texto con el que buscarán impedir las candidaturas a diputado nacional de Daniel Scioli y Sergio Massa y, por otro lado, la postulación del titular del PJ, Néstor Kirchner. Según la ley, tienen 48 horas para apelar y después la Cámara tiene tres días para resolver el tema.
Para llegar a tiempo, los abogados se dividieron los dos expedientes, dejando en manos del ex magistrado el que se refiere a las candidaturas testimoniales y asumiendo Cisneros el caso de Néstor Kirchner, centrado en el requisito de domicilio. Aunque no descartaron que Gil Lavedra se guarde alguna carta bajo la manga, en la apelación insistirán con los argumentos expuestos en primera instancia. Según el ex camarista del juicio a las juntas militares, las testimoniales “violan el principio de representatividad”, ya que se debe “ser claro y transparente con la voluntad popular y los candidatos deben serlo de verdad”. Apuntarán al “cambio de discurso” del oficialismo, ya que en sus últimas declaraciones públicas tanto Scioli como Massa evitaron anticipar si asumirán o no la banca.
“Esta es una mala práctica, es algo que le hace muy mal a la política, que la desprestigia, que la aleja de la gente. Es una mera manipulación que no hace nada más que introducir confusión en el sufragio”, aseguró ayer Gil Lavedra, quien volverá a remitirse al artículo 73 de la Constitución para impugnar las postulaciones. Según él, la voluntad del constituyente expresada en ese artículo es la de evitar que el gobernador utilice su cargo con el fin de “presionar” a los ciudadanos para que lo voten. Para los abogados del ACS, “el elector tiene que tener la certeza de que va a asumir”.
Con respecto a la posibilidad de que asuman el cargo legislativo, consideraron que “sería un bochorno extremo” si éste coexiste con la función ejecutiva que cumplen actualmente. La “defraudación” al electorado que argumentaron en la presentación de primera instancia sólo se materializaría una vez que hayan renunciado a su banca, luego de la elección. Sin embargo, en el ACS explican que “ésta es la instancia de revisión que fija la ley para presentar las impugnaciones” y no luego de efectuada la votación.
Con respecto a la situación de Néstor Kirchner y su domicilio en la provincia de Buenos Aires, Cisneros le adelantó a Página/12 que cuestionarán la actitud del juez Blanco de no tener en cuenta el animus del candidato. Según la letrada, cuando se pide el requisito de dos años de domicilio en el distrito, se debe tener en cuenta tanto el corpus como el animus, siendo éste “la intención de vivir en el distrito de estar relacionado con la provincia de Buenos Aires”. Si bien por residir en la quinta presidencial Kirchner cumple con los dos años, Cisneros consideró que si el titular del PJ tuviera la voluntad de vivir en la provincia hubiera constituido domicilio mucho antes y en otro lugar que no sea la residencia presidencial, un lugar de jurisdicción federal. “Lo que tuvieron en cuenta los convencionales constituyentes era que existiera un nexo con las necesidades del pueblo del distrito”, concluyó la abogada.
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