El macrismo presentó un proyecto para regular las empresas de cable en la ciudad de Buenos Aires. La iniciativa prevé crear una Agencia de Medios y Libertad de Prensa (ALIP), cuya integración será elegida por el jefe de Gobierno, previo concurso público. Otorgará las autorizaciones a los distintos operadores y les cobrará un gravamen del 4 por ciento sobre la facturación bruta. Si la ley se sanciona, las empresas tendrán un año para adecuarse y podrán recibir, en caso de incumplimientos, multas que llegan al 10 por ciento de la facturación total.

“Esta ley sería inconstitucional. Es materia federal legislar sobre los medios”, dijo el senador Guillermo Jenefes. “La iniciativa no busca legislar sobre el espectro radioeléctrico, sino que regula los cables”, le respondió el jefe del bloque de PRO de Diputados, Federico Pinedo.

El proyecto de ley lo presentó el jueves pasado el titular de la bancada macrista en la Legislatura, Oscar Moscariello. Estipula la creación de un “organismo descentralizado, autónomo y autárquico” que se financiará con lo que recaude del gravamen a las empresas de cable, con donaciones y con lo que le asigne de presupuesto el gobierno porteño. El proyecto prevé que el presidente sea nombrado por el jefe de Gobierno y el resto de los integrantes del consejo directivo los designe el Ejecutivo tras un concurso público. La ALIP otorgará autorizaciones “para la prestación de servicios de comunicación audiovisual”, que se revisarán cada cuatro años. Las empresas deberán adecuarse a los requisitos “en el plazo de un año”.

“Lo que estamos haciendo ahora es reclamar específicamente sobre el tema de los cables. No tenemos apuro en discutirlo”, explicó Moscariello a Página/12.

–¿Por qué el organismo es designado por el Ejecutivo? ¿No se contradice con su posición a nivel nacional con la ley de medios?

–No, estamos planteando una entidad autónoma y autárquica.

–Pero el jefe de Gobierno sería el que designa a los miembros del consejo directivo...

–Es verdad, pero no es una designación arbitraria, es un concurso.

–¿Como se articularía con el Comfer a nivel nacional?

–Va de la mano con el proyecto que PRO presentó a nivel nacional, donde dice que les corresponde a las provincias legislar sobre el cable.

–Pero no es ésa la ley que se aprobó...

–Si se determina que la jurisdicción es local, la Nación regulará el espectro radioeléctrico y nosotros, los cables.

–¿Qué pasa si hay un conflicto entre ciudad y nación por una licencia?

–La que dirime es la Corte Suprema de Justicia.