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”Resulta indignante que un gobierno sin legitimidad popular continúe las mismas políticas que su antecesor, que fue repudiado por el pueblo argentino en la histórica jornada del 20 de diciembre de 2001.” Un grupo de diputados de diferentes bancadas se pronunció así sobre la decisión del Gobierno de impedir la extradición del represor Alfredo Astiz. La embajada de Suecia también rechazó la resolución, a la que calificó de “lamentable”.
El proyecto legislativo en el que se discute la decisión del gobierno de negar la extradición y liberar a Astiz fue presentado ayer por la diputada del ARI Marcela Bordenave y firmado –entre otros– por Alfredo Bravo (ARI), José Vitar (bloque Frente Grande), Franco Caviglia (PJ), Patricia Walsh (Izquierda Unida) y José Alberto Roselli (Autodeterminación y Libertad).
“El principio de extraterritorialidad recae sobre delitos que genéricamente se denominan como de lesa humanidad que, por la forma en que se ejecutan, afectan, además de las víctimas, a la comunidad internacional. Por ello existe una obligación a hacer resarcir ese daño. No se trata de sustituir una jurisdicción por otra, sino de una intervención en aquellos casos que no se ha administrado justicia para evitar la impunidad”, expresaron los legisladores. En el proyecto se destaca que el principio de extraterritorialidad está reconocida en la Constitución y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por Argentina.
El gobierno de Eduardo Duhalde –a través de una resolución formada por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, en reemplazo del canciller Carlos Ruckauf– que Astiz no sea enviado a Estocolmo, donde se lo quiere juzgar por el asesinato de Dagmar Hagelin. En el documento se afirmó que dar curso a la solicitud de Suecia “iría en desmedro de nuestra soberanía”. Pero en el proyecto elaborado por Bordenave se expresó que la extraterritorialidad “no es violatoria de los firmantes, pues es el producto de una delegación voluntaria efectuada con el fin de fortalecer la capacidad de cada uno de los Estados delegantes de velar por la vigencia de derechos cuyas observación permite el respeto del valor de dignidad humana en el planeta”.
Desde la Embajada de Suecia, el segundo secretario, Anders Carlsson expresó –tal como las autoridades de su país lo hicieron en los medios de Estocolmo– que la decisión del gobierno argentino era “lamentable” pero que no hará que se “bajen los brazos”.
Al rechazar el pedido sueco, Jaunarena resolvió que los documentos recibidos sean enviados a la Cámara Federal para que fueran incorporados “al incidente de búsqueda e identificación de Dagmar Hagelin”.
Astiz fue arrestado por el juez Sergio Torres a fines del año pasado por pedido de Suecia pero luego de la resolución del Gobierno, la justicia ordenó su libertad, que ayer por la tarde aún no había sido notificada a su abogado.