Una psicóloga y un estudiante de Psicología que se desempeñaban en el hospital Borda fueron echados por denunciar –en una nota publicada por Página/12– situaciones de maltrato a internados. El 29 de octubre pasado habían advertido en este diario sobre hechos de “contención física”, en los que los pacientes son atados durante fines de semana enteros, desaparición de efectos personales y la utilización del servicio de admisión “como servicio de castigo”. El martes siguiente se les pidió “que retiráramos nuestras pertenencias y nos fuéramos”. El Colectivo 448 de Salud Mental –entidad de profesionales que requiere el cumplimiento de la desinstitucionalización en la Ciudad– se solidarizó “en forma incondicional” con los despedidos y vinculó el hecho con “el anudamiento del gobierno de Mauricio Macri con las corporaciones médico-psiquiátricas”. Otros profesionales del Borda –sin dar sus nombres– corroboraron y ampliaron las denuncias.

La psicóloga Verónica Hollmann, concurrente en el servicio 10 del hospital Borda, y el estudiante de Psicología Juan Pedro Iribarne, visitante en la misma institución, habían escrito el artículo que, bajo el nombre “Infierno en el Borda”, se publicó en la sección Psicología de este diario; era una versión reducida de la que publicó, en su edición de noviembre, la revista Topía, especializada en temas de psicología y psicoanálisis. Allí contaban que, cuando un paciente ingresa en la admisión, “no se les permite ver a los familiares y se les retiran las pertenencias”. Además, “si tienen la mala suerte de ingresar un fin de semana, pueden pasar horas y horas bajo ‘contención’”, atados.

Señalaban que “el servicio de admisión, por ser un lugar cerrado, es usado también como servicio de castigo” para “el que se porta mal”. Cuestionaban “los interrogatorios cuasipoliciales a pacientes, realizados exclusivamente por psiquiatras”, y narraban “el aprendizaje vivencial, cuando un enfermero lo insulta a los gritos porque no se levantó para tomar la medicación”.

Según contó Verónica Hollmann, “el martes de la semana pasada fuimos convocados por la doctora Lucía Quiroga (jefa del servicio 13 del Borda; ex directora de Salud Mental bajo el actual gobierno porteño) a una reunión en la que estaba presente, según ella ‘como testigo’, José María Martínez Ferretti”, psiquiatra del servicio de terapia a corto plazo del Borda que, como integrante de la Asociación de Médicos Municipales, había intentado frenar judicialmente la aplicación de la Ley de Salud Mental porteña. “La doctora nos pidió que retiráramos nuestras pertenencias y nos fuéramos; Martínez Ferretti agregó que, luego de la publicación del artículo, ningún jefe de servicio del Borda nos va a aceptar.”

“No tengo intención de volver –agregó Hollmann–. En el hospital se rumoreaba que, si volvíamos, nos esperaba una patoteada de no sé qué grupos, molestos por el artículo que escribimos. A mí me da mucho miedo volver.”

–¿Por qué, si en el Borda pasan las cosas que ustedes escribieron, no se multiplican las denuncias? –preguntó Página/12.

–Lo que se multiplica entre los profesionales es la queja: “¿Viste lo que pasó...?”; pero no se sale de eso y así las prácticas se naturalizan y uno termina siendo cómplice. Nosotros pusimos en palabras lo que nadie quiere decir porque tienen miedo, y yo ahora también tengo miedo y no quiero hablar más –contestó Hollmann.

Juan Pedro Iribarne señaló que “en esa reunión nadie negó que lo que nosotros escribimos es lo que pasa en el Borda. Martínez Ferretti decía que ‘hay que pelear desde adentro’”. Iribarne destacó que “el plan de salud mental de Macri sigue la misma lógica manicomial, invirtiendo millones en manicomios más chicos, con más vigilancia y control, como ya sucede en muchas instituciones privadas; la atención domiciliaria está desfinanciada y no se hacen casas de medio camino para externar”.

Ante la consulta de este diario, Quiroga confirmó que “yo les dije que había finalizado su actividad en mi servicio. Estaban por buena voluntad mía. Ninguno de los dos fue despedido, porque no formaban parte del staff del hospital: Iribarne no estaba recibido y Hollmann ya no era concurrente. Yo la había dejado quedarse, finalizado el término de la concurrencia. El artículo (en Página/12) me causó mucho dolor, porque ella estuvo conmigo y le di todas las libertades”.

–Usted no ha desmentido lo que escribieron Hollmann e Iribarne sobre el trato a los pacientes en el Borda...

–Eso fue desmentido ya en nuestra comunidad hospitalaria. Mi servicio funciona con un equipo interdisciplinario, tenemos un nuevo pabellón y está mejorando todo. El problema del hospital es básicamente la deficiencia edilicia; además hay pacientes de muchísimos años con los que sólo se puede trabajar muy lentamente.

El Colectivo 448 de Salud Mental (así llamado en referencia a la Ley 448 de Salud Mental, de la ciudad de Buenos Aires, cuyo incumplimiento ha sido reiteradamente denunciado) manifestó el “más enérgico repudio a la presión y amenazas sufridas por dos de nuestros integrantes cofundadores, Verónica Hollmann y Juan Pedro Iribarne, quienes fueron “literalmente echados de palabra de un servicio del hospital Borda, sin que mediara un acto administrativo y autoridad que lo fundamente, por haber suscripto en la revista Topía y el diario Página/12 un artículo que da cuenta de forma cruda, real y valiente, de los mecanismos de neto corte manicomial implementados en la admisión de dicho hospital”.

Para el Colectivo 448, “este hecho da cuenta del anudamiento político-ideológico acordado por las autoridades del actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires con las cúpulas de las corporaciones médico-psiquiátricas que siguen dando sustento al modelo manicomial y medicalizador que la Constitución de la Ciudad y la Ley 448 exigen erradicar”.

El diputado nacional Leonardo Gorbacz –autor del proyecto de ley de salud mental al que la Cámara de Diputados dio media sanción el 14 de octubre– sostuvo que “a los jóvenes que rompen los códigos de silencio de los manicomios, en lugar de echarlos, hay que ascenderlos y darles la conducción de los procesos de transformación, porque no podemos poner la vida de miles de argentinos en manos de corporaciones que no quieren que nada cambie”.