El Ministerio Público y las querellas del primer juicio a un grupo de represores de la ESMA cuestionaron ayer que los imputados que gozan de arresto domiciliario se movilicen por sus medios y en compañía de esposas y amigos, igual que los sobrevivientes y familiares de víctimas que acuden a presenciar las audiencias, y reclamaron que sea una fuerza de seguridad la que garantice las custodias durante los traslados a Comodoro Py. “Familiares y amigos pueden cuidarlos, pero la custodia es un deber indelegable del Estado”, destacó el fiscal federal Pablo Ouviña. La respuesta del Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) al planteo que formuló originalmente el abogado Rodolfo Yanzón se conocerá el 27 de enero a las 10, cuando se reanude el juicio oral y público a Acosta, Donda & Cía.

A diferencia de las audiencias iniciales, los imputados ingresaron ayer sin esposas. Los veinte marinos instalados en la bandeja superior levantaron la mano derecha al mismo tiempo en respuesta al saludo del capitán Raúl Scheller, Mariano en la sala de torturas de la ESMA. La imagen provocó una sonrisa de Adolfo Donda, “un tipo encantador” según confió Cecilia Pando a los periodistas el mes pasado, cuando Gerónimo, como se hacía llamar en cautiverio, ingresó por primera vez a la sala. Alfredo Astiz dejó ayer en la cárcel el libro del agente Juan Yofre y sólo llevó una carpeta rosa con hojas sueltas.

Los jueces dieron inicio a la audiencia una hora después de lo previsto, una vieja costumbre del TOF5. Luego su presidente Daniel Obligado autorizó el ingreso de 21 reporteros gráficos (divididos en cuatro tandas), quienes tras dos horas de espera tuvieron que hacer su trabajo en poco más de un minuto. Retrataron por primera vez al capitán Alberto González, alias Gato, ausente al comienzo del juicio con diagnóstico de “lumbalgia” emitido por el Hospital Naval. No estuvieron, en cambio, el prefecto Juan Antonio Azic, alias Piraña (no está imputado en la causa por el secuestro de las monjas francesas, cuyo requerimiento de elevación se leyó ayer), y al ex canciller Oscar Montes, quien consiguió que le leyeran las acusaciones en su contra durante las primeras audiencias y lo autorizaran a quedarse (arrestado) en su casa, por su delicado estado de salud.

Yanzón había cuestionado la ausencia de controles durante los traslados de quienes gozan de arresto domiciliario luego de ver en sus autos particulares al contraalmirante Manuel García Tallada, y al teniente coronel Julio César Coronel con su hijo. De los 17 imputados, gozan del privilegio los dos citados más el contraalmirante Montes y el comisario Ernesto Weber, quien le enseñó a usar la picana eléctrica a los marinos.

El fiscal Ouviña analizó el artículo 33 de la ley 24.660 que regula el arresto hogareño y diferenció tres aspectos: la supervisión del cumplimiento, el cuidado del reo y su custodia durante los traslados. La última función, explicó, debe estar a cargo de fuerzas de seguridad. Argumentó que “el arresto domiciliario es un modo de cumplimiento de la prisión preventiva” y que “el tribunal debe garantizar la custodia” del detenido, por lo cual “los traslados deben estar a cargo de personal idóneo, ya sea policía o Servicio Penitenciario Federal”.

Adhirieron a su posición las querellas del CELS, de la Secretaría de Derechos Humanos y el abogado Horacio Méndez Carreras, y se opusieron los de los imputados. El defensor oficial Lucas Tassara rechazó la distinción entre supervisión y custodia. Su colega Carlos López Camelo destacó la buena conducta de los imputados. Guillermo Coronel dijo que hablaba “en el doble plano de defensor e hijo”, destacó que su padre “cumple exageradamente con las disposiciones” legales, y pidió no olvidar que “los procesados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Una tercera posición planteó la abogada Miriam Bregman, de Justicia Ya. Cuestionó que imputados por delitos de lesa humanidad gocen de prisión domiciliaria, recordó la desaparición de Julio López, la muerte por envenenamiento de Héctor Febres, y reclamó “cárcel común, efectiva y de máxima seguridad”, al margen de edades o enfermedades. Su exposición derivó en silbidos poco sutiles de la mujer de uno de los imputados. Obligado exigió silencio y advirtió que “de ser identificada, la persona que silbó será retirada de la sala y hasta detenida”. Minutos después, ya en el pasillo, los policías que la vieron taparse la boca le advirtieron que le prohibirían el ingreso en la sala. Consultada por Página/12, en compañía de dos marinos, la señora prefirió ocultar su identidad.