El ex piloto de la Armada Julio Poch volverá a volar sobre el Atlántico, esta vez para ser juzgado por su presunta participación en los vuelos de la muerte realizados durante la dictadura. Ayer, la Justicia de España autorizó la extradición del marino a la Argentina, al considerar que los delitos que habría cometido son “suficientemente graves” y podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.

Poch, de 57 años, trabajaba hasta el año pasado como comandante de avión de la aerolínea comercial holandesa Transavia, propiedad del consorcio Air France-KLM. En una causa que tramita el juez federal Sergio Torres, está acusado por “detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes” producidas durante la dictadura en la ESMA. La investigación incluye el testimonio de un compañero de Poch en Transavia, que contó que el ex piloto naval narró cómo arrojaban a personas al mar desde aviones, y justificó ese método de exterminio de la dictadura. Poch fue detenido el 22 de septiembre de 2009 en el aeropuerto de Valencia durante una escala de su último vuelo como piloto, antes de jubilarse.

La extradición de Poch, que fue acordada por la Sección Segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, máxima instancia judicial española, tendrá que ser ratificada por el Consejo de Ministros del país ibérico, que el pasado 30 de octubre decidió dar continuidad al proceso de extradición.

Para los magistrados españoles Angel Luis Hurtado Adrián (ponente), José Ricardo de Prada Solaesa y Enrique López López, la documentación remitida por la Justicia argentina aporta indicios suficientes de la participación de Poch en los hechos que se le imputan. Al respecto, los jueces detallan en su dictamen que Poch está acusado de arrojar “personas vivas desde aviones o helicópteros, como oficial aviador naval, que cumplía funciones de pilotaje en la Armada Argentina en el período comprendido entre 1976 y 1980”. Además, señalaron que pudo haber participado en “600 hechos concretos” en relación con la “detención ilegítima de personas”, que fueron “internadas indebidamente en la base operativa de la ESMA”, y en “posteriores torturas, lesiones, desapariciones, y muertes” en el marco de un “plan sistemático” aplicado sobre la población argentina “por razones ideológicas”.

El fallo de extradición afirmó que “la documentación remitida (por la Justicia argentina) aporta los elementos indiciarios de la participación del mismo (Poch) en ‘los vuelos de la muerte’”. Los jueces españoles creen, además, que hay garantías suficientes para que tenga un juicio justo en su país. “Considerada Argentina a día de hoy uno de los que se vienen a denominar ‘Estados limpios’, estimamos que su estatus democrático asegura no menos de ese mínimo de respeto y garantías de los derechos fundamentales de la persona, homologable a los que pueda ofrecer nuestro proceso”, agregaron los magistrados. De todos modos, recomendaron que si hubiera “una sentencia condenatoria, en ningún caso deberá ser una pena privativa de libertad a perpetuidad, sino, todo lo más, la inmediatamente inferior a ella”.

El ex piloto, que posee la doble nacionalidad argentino-holandesa, aceptó la semana pasada ser extraditado a Argentina, a pesar de que negó haber participado de los hechos que se le imputan. Al declarar ante los jueces españoles, Poch dijo que fue “acusado falsamente” y que es “inocente”, pero que aceptaba ser extraditado al país para “tener un juicio justo”. También dijo ser víctima de una “jugada política” del Reino de los Países Bajos. El presunto piloto de los vuelos de la muerte se había negado a ser extraditado cuando declaró en octubre de 2009 ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, pero luego cambió de posición y aceptó su traslado, que ayer fue autorizado y que podría concretarse en dos semanas. En un año, Poch estaría en condiciones de ser juzgado.