El juez federal Norberto Oyarbide se dispone a avanzar en busca de las responsabilidades políticas de la causa de las escuchas ilegales. Ayer, aseguró que para febrero no descarta “la posibilidad de una convocatoria de (Mauricio) Macri y del propio ministro de seguridad” porteño Guillermo Montenegro para declarar en la causa. Esa era una de las líneas propuestas por un fallo de la Cámara Federal que lo exhortó a buscar pruebas de lo que parecía “un aparato paraestatal de espionaje”. “Hay elementos de un grado de delicadeza extraordinario”, aseguró el juez ante un grupo de periodistas. “Solamente si los protagonistas y las personas que fueron escuchadas me lo permiten procedería a revelarlo.”

La posibilidad de que Oyarbide convoque a Macri y a Montenegro era una de las versiones que venían circulando en Tribunales desde tiempo atrás, pero el fin de semana el juez enfatizó la decisión durante una entrevista. Entre otras cosas, recordó el fallo de diciembre pasado con el que la Cámara de Casación Penal confirmó la prisión y procesamiento del ex jefe de la policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y del espía Ciro James, contratado como asesor del Ministerio de Educación porteña.

“La Cámara me insta a proseguir y yo interpreto que significa establecer posibles redes de complicidades”, indicó el juez. “Todo indica un avance hacia arriba. Esto podría abarcar una posible convocatoria del señor Macri y otras personalidades que lo acompañan en su gestión”. Sobre las razones para citarlos aseguró que en la causa existen “conversaciones ultraprivadas, extremadamente delicadas”, vinculadas específicamente a las pinchaduras al teléfono de una de las víctimas, Néstor Leonardi, el cuñado de Macri.

Página/12 había anticipado que Oyarbide podía convocar no sólo a Mauricio sino a Franco Macri. Leonardi los había involucrado a los dos en su declaración ante el juez. Casado con Sandra Macri desde 2004, le aseguró al juez creer “sin posibilidad de error que el señor Franco Macri habrá hablado con Ciro James a los efectos de que violaran mi intimidad por medio de la pinchadura del teléfono”. Habló de los intentos de su suegro de separarlo de su mujer, de una propuesta de dinero, de amenazas en una disputa que giraba, dijo, entorno del dinero. Mauricio Macri sugirió esa misma posibilidad al decir públicamente que había un conflicto “entre mi padre y este señor”. Otro de los datos es que entre las cientos de llamadas telefónicas que existieron entre James y Palacios desde 2007, se rastrean contactos con la empresa de seguridad The Ackerman Group, contratada por Franco Macri.

Pese a que está trabajando durante la feria judicial, Oyarbide no avanzará con la causa de las escuchas durante enero. “Por estas horas”, dijo, sigue recibiendo “enormes legajos de transcripciones que tienen que ver con esta invasión que se produjo en distintos aparatos telefónicos, celulares, de todas las personas involucradas en la causa”. En ese contexto, explicó que las citaciones también pueden estar vinculadas a las escuchas sobre otra de las víctimas, en este caso Sergio Burstein de Familiares de Víctimas de la AMIA: “Lo del señor Burstein es increíble –dijo el juez–, lo de Néstor Leonardo es increíble, lo que se ha hecho es verdaderamente increíble”.

En la causa, Palacios está procesado con prisión preventiva por falsedad ideológica de documento público e intervención indebida de las comunicaciones, a raíz de su presunta participación en las escuchas ilegales al teléfono Burstein. En las últimas semanas de 2009, Oyarbide amplió los procesamientos al ex empleado porteño y ex policía Ciro James y Palacios por asociación ilícita y por fraude a la administración pública.