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El generalizado debate de los últimos tiempos acerca del pago de deuda pública con reservas del BCRA desbordó el objeto central de la polémica e instaló temas que van más allá de los DNU. Nuevamente se discute sobre la legitimidad de la deuda externa como si no hubiera generalizado consenso acerca de quiénes la contrajeron para luego determinar a sus beneficiados y perjudicados.

Desde los primeros tiempos de la presidencia de Alfonsín, ya en el marco de la recuperada democracia, los intentos de Grinspun en el país y las gestiones internacionales del Presidente para intentar una investigación o, como en Cartagena, la creación de un club de deudores, fueron ahogados por las presiones tanto internas como externas. Basta recordar, como ejemplo, una investigación realizada por inspectores del BCRA durante la década del ‘80 que puso al descubierto las principales maniobras que dieron origen a gran parte del endeudamiento (Halliburton, E., Bianco J. M. y Villalba, C. A., El destino de una investigación, Realidad Económica Nº 87 de abril de 1989, disponible en www.iade.org.ar).

Años después se creó Attac, movimiento internacional también integrado por la Argentina, que ratificó la ilegitimidad de la deuda generada por esos mecanismos y que en nuestro país fue transferida al conjunto de la población por vía de la llamada “nacionalización de la deuda externa”.

Continuar con la identificación de los responsables de este sacrificio para el pueblo es imprescindible como, en otro orden de cosas, se sigue enjuiciando y condenando a los responsables del genocidio de la última dictadura.

Sin embargo, la controversia actual va más allá de la validez de los DNU dictados por la presidenta de la Nación y del nombramiento de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA. Los sólidos antecedentes de la nueva titular del banco y sus conocidas posturas en defensa de políticas económicas activas que beneficien a los sectores más postergados, como las pequeñas y medianas empresas, hacen que su cuestionamiento se convierta en un acto netamente político y negativo para los intereses mayoritarios, tal como oportunamente lo destacó Apyme.

Los fundamentos de algunos de los integrantes de la elite empresaria que encabezan la resistencia a la utilización de reservas para el pago de una deuda que muchos de ellos contribuyeron a contraer son de difícil aceptación cuando se refieren a una supuestamente dramática situación de las empresas que representan. Sirvan como muestra las declaraciones del presidente de FIAT (una de las empresas citadas en el mencionado informe del Banco Central), quien afirmó en el Uruguay que luego de 80 años de decadencia en la Argentina “no hay respecto por las leyes, contratos y propiedad privada”. Ello no impidió que, durante el mes de febrero último, las terminales de automotores fabricaran 40 mil unidades, un 170 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. La producción nacional registró una suba del 26,9 por ciento respecto de enero y un incremento del 169,1 por ciento con relación a igual mes del año pasado.

Se anuncia para el próximo miércoles una reunión de distintas cámaras empresarias para fijar una posición conjunta frente al Gobierno (estarán dirigentes de la Mesa de Enlace, la Unión Industrial y la Asociación Empresaria Argentina). No es casual que la convocatoria de esos empresarios haya sido realizada en el marco de la Expoagro, cuyo enorme éxito de público y ventas fue destacado por sus patrocinadores Clarín y La Nación, lo que implicaría una desmentida a las dificultades que tan insistentemente pregona el llamado “campo”.

Es cierto que las cifras macroeconómicas no implican una distribución equitativa del ingreso pero, como es tradicional, quienes más hacen oír sus quejas son los habitantes de la cúpula de la pirámide.

Está claro que queda mucho por hacer en la Argentina, pero es necesario evitar la acción de empresarios concentrados que quieren imponer la marcha atrás para recrear el modelo de los ’90, apóstoles de un ajuste que hoy hace temblar a sociedades como la griega.

Ante ello consideramos necesario consolidar los aspectos positivos de la política económica en curso y reclamar y colaborar para el logro de lo que aún falta. Por ejemplo, en el ámbito legislativo impulsar leyes de financiamiento productivo (que reemplace a la vigente ley de Entidades Financieras de 1977), de desarrollo de las pymes y la imprescindible modificación con sentido progresista del régimen tributario y la Carta Orgánica del BCRA. Creemos que lo expresado va mucho más allá de la limitada discusión sobre los DNU.

* Departamento de Economía de Apyme, director de Realidad Económica.