El profesor había tomado la costumbre de asistir a las fiestas que organizaban los alumnos y, según denunciaron los chicos, iba acompañado por amigos mayores de edad y pagaba consumiciones de bebidas alcohólicas. Pero, además, tenía comportamientos “provocativos e insinuantes” hacia algunas alumnas –adolescentes de una escuela secundaria– e, incluso, a una de ellas la pasó a buscar por su casa, un sábado a las 22.45, según denunció la madre de la chica. Hubo notas de los alumnos y de los padres que derivaron en un sumario administrativo y la posterior cesantía del docente, en diciembre de 2004. La serie de hechos ocurrió en el Colegio Carlos Pellegrini donde, seis años después, el ambiente vuelve a alborotarse porque el docente en cuestión, después de apelar la resolución, fue repuesto en su cargo: las autoridades de la Universidad de Buenos Aires –de la cual depende el Pellegrini– concluyeron que en el sumario hubo “un error de procedimiento” y después de instruir ellos mismos un nuevo expediente, obtuvieron como resultado que la posibilidad de adoptar una sanción había prescripto, en una resolución donde nada se dice sobre los hechos denunciados.

El conflicto en el Pellegrini abarca a varias generaciones de estudiantes y de docentes: los adolescentes que iniciaron la denuncia en junio de 2003, ya no están en la escuela y los actuales estudiantes del Pellegrini nunca cursaron con el cuestionado profesor. El docente, de alrededor de 45 años, dicta materias en cursos de 4º y 5º año.

Ante la denuncia de los alumnos y sus padres, el entonces rector del Pellegrini, Abraham Gak, dispuso el inicio de un sumario, que estuvo a cargo de la abogada Nelly Minyersky, docente, investigadora y especialista en Derecho de Familia. Después de reunir testimonios y elementos probatorios y de citar al propio imputado, la letrada emitió su dictamen en febrero de 2004: consideró que los hechos “configuran una desnaturalización de la relación docente-alumno”, la cual “se evidencia en el uso del poder que le da la asimetría de su rol docente para confundir a los alumnos a través de la complicidad adulta para acceder a sus deseos, desvirtuando la función de enseñar”. Concluyó que el docente incurrió en la figura de “abuso de autoridad” y recomendó su cesantía.

Uno de los hechos acreditados en el expediente es que el profesor pedía a sus alumnos, en forma obligatoria, una ficha con datos personales como teléfonos, actividades religiosas o políticas y si tenían o no pareja. En una nota dirigida al rector, los estudiantes de un curso relatan que, en ocasión de una fiesta que estaban organizando, “el profesor se autoinvitó”, y ante el pedido de los alumnos de que no concurriera “para mantener la adecuada distancia con el alumnado” y por “su reiterado comportamiento provocativo e insinuante”, el docente tomó esa petición “como una agresión personal y desleal”. Y dio a entender que “su presencia era conveniente, pues el alcohol era caro y él tiene dinero para comprarlo”.

Una alumna relató a los sumariantes que “en las pruebas (el docente)juega con las pulseras y biromes de las alumnas, les agarra el hombro, a veces la mano”. Otra estudiante refirió que “el profesor se sentó en su escritorio y jugando con una regla le hacía mohínes y la miraba a través de la regla”, y agregó que durante una clase “le dijo que estaba más linda que nunca”. Otras alumnas dieron cuenta de “acercamientos físicos indebidos, preguntas con doble sentido”.

Sobre la base de las recomendaciones del sumario, el rector del Pellegrini, Abraham Gak, dispuso la cesantía del docente en diciembre de 2004. El profesor sancionado recusó a Gak por “prejuzgamiento” y apeló la resolución ante las autoridades de la UBA. La recusación fue rechazada, pero la UBA consideró que el sumario tenía “un error de procedimiento”, por haberse hecho de acuerdo con la normativa que rige para la administración pública nacional y no por el procedimiento especial para docentes del Pellegrini. Por eso, dos años después, en 2006, declaró nulo lo actuado y dispuso realizar un nuevo sumario, esta vez en la Universidad. La conclusión, tres años después (en noviembre de 2009), fue que “la facultad sancionatoria se encuentra prescripta”. En efecto, los plazos son de un año para la cesantía y de dos para la exoneración. La resolución firmada por el rector Ruben Hallu nada dice de la conducta del docente.

El docente, que siguió trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se reintegró el lunes a clase en el Pellegrini. Su presencia generó inquietud en parte del cuerpo docente, entre los alumnos que conocen su historia, y entre algunos padres. “Parece que la UBA se olvida que adentro de los colegios hay menores de edad”, dijo a Página/12 una de las madres que promueve la separación del docente de los cursos que dicta. Un grupo de padres llevó el caso a la Fundación La Alameda que, en una nota que firman su presidente, Gustavo Vera, y el abogado Rodolfo Yanzón, solicitó a los rectores de la UBA y el Pellegrini que “se impida que (el docente) tome cualquier tipo de contacto con alumnos y alumnas, con el fin de asegurar su integridad física y mental”.