El ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios va por su tercer intento fallido por salir de la cárcel, adonde llegó procesado por las escuchas ilegales. La Cámara de Casación Penal rechazó su pedido para quedar en libertad, sus planteos de nulidad de la investigación que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide y su reclamo para que el expediente tramite en Misiones, territorio donde operaba parte de la red de espionaje. El fallo de este tribunal, segundo en importancia por debajo de la Corte Suprema, le da un empujón a la causa, en la que Oyarbide anticipó en enero que podría citar al jefe de gobierno porteño Mauricio Macri.

“Los cargos que ostentó, su íntima relación con otros miembros de las fuerzas policiales y las maniobras que se están investigando en esta causa permiten confirmar la sospecha de que, de recuperar la libertad Palacios, pondrá en riesgo los fines del proceso”, dice un tramo del voto principal del fallo que firmaron los camaristas Angela Ledesma, Liliana Catucci y Eduardo Riggi, de la Sala III de Casación. Más aún, la resolución apunta que “el procesamiento” de Palacios “cuenta con fundamentos suficientes, mínimos, adecuados, serios y bastantes”. La opción que le queda a Palacios es reclamar la excarcelación ante la Corte, si es que los jueces de Casación lo habilitan a hacerlo.

Palacios quedó detenido cuatro meses atrás, acusado de haber impulsado y participado en las escuchas ilegales a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA. Para ese entonces, llevaba detenido más de treinta días el ex policía Ciro James, que gestionaba las pinchaduras a través de jueces de Misiones –para darles un viso de legalidad– y retiraba las grabaciones de la SIDE. Palacios y James resultaron ser carne y uña, según delataron los entrecruzamientos de sus comunicaciones, que llegaron a 300 en sólo dos meses. Burstein fue espiado en la época en que impulsaba el desplazamiento del Fino de la policía porteña, a quien la Justicia estaba cerca de procesar por encubrimiento del atentado a la AMIA. James frecuentaba el edifico del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, donde está la sede de la Metropolitana.

La pesquisa, con el tiempo, fue revelando la existencia de al menos una decena de personas espiadas por la misma estructura, entre ellas el empresario televisivo Carlos Avila, dos ejecutivos de supermercados Coto, un abogado del prestigioso estudio Iribarren, entre otros. Pero así como el caso de Burstein fue la punta del ovillo, hubo otro que marcó el devenir de la investigación: el espionaje a Daniel Leonardo, el parapsicólogo cuñado de Macri. Leonardo declaró que estaba seguro de que su suegro, Franco Macri, lo había mandado a escuchar porque llevaba años tratando de alejarlo de su esposa Sandra Macri, básicamente por cuestiones de plata. También sugirió que Franco, para eso, se apoyó en el jefe de Gobierno porteño, que hacía años confiaba sus asuntos de seguridad a Palacios, quien ya trabajaba en el armado de la nueva policía cuando le pincharon el celular a Leonardo.

En un comienzo, James y Palacios fueron procesados por intervención indebida de comunicaciones y falsedad ideológica de documentos, pero más adelante, cuando quedó a la vista que ambos, más un grupo de policías misioneros, dos jueces de esa provincia y sus secretarios estaban detrás de varias escuchas, quedaron procesados por asociación ilícita. La Cámara Federal confirmó los primeros delitos e incluso le dijo al juez que debía seguir la pista de la posible existencia de una “estructura paraestatal” de espionaje. Todavía analiza si lo que existió fue una banda aceitada, una asociación ilícita propiamente dicha. En tribunales los rumores dicen que la Cámara estaría por resolver. Si avala esa calificación legal, entonces –comentan cerca del juzgado– Oyarbide podría avanzar contra Macri y quizá su ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.