Los roles se invirtieron. El conglomerado opositor impuso su mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas de Diputados y rubricó un dictamen para declarar “nulo de nulidad absoluta el DNU 298/10”, que crea el Fondo de Desendeudamiento Argentino (Fondear) para pagar vencimientos de deuda con reservas del Banco Central. El oficialismo cuestionó el trámite parlamentario del dictamen, lo impugnará administrativamente en la Cámara baja y se reservó el derecho de recurrir a la Justicia federal. El despacho opositor llegaría al recinto después de Pascuas.

Fueron tres horas de interpretaciones antagónicas sobre el reglamento de la Cámara, fallos judiciales y la propia Constitución, que incluyó hasta un cambio de escenario (una sala más amplia) para que más de 60 diputados pudieran participar de la discusión sin acalorarse.

La oposición esperó pacientemente media hora para reunir quórum, 34 de los 66 diputados que integran ambas comisiones legislativas para abrir el debate. Recién entonces ingresaron los oficialistas. La peronista disidente Graciela Camaño, titular de Asuntos Constitucionales, presidió el plenario y opacó al presidente de Finanzas, Alfonso Prat Gay, que casi no participó. De entrada, Camaño apuró las definiciones: “Si no hay nadie que haga uso de la palabra pasaremos a firmar el dictamen”.

La lista de oradores se abarrotó entonces de diputados K, que uno a uno cuestionaron la embestida opositora contra el DNU. Jorge Landau consideró un “verdadero desatino” pasar por alto el pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que “todavía está dentro del plazo” para pronunciarse. “Van a fracasar. No pueden sostener la política del vale todo. O como (Julio) hace Cobos, que cree que con un voto más se puede todo”, abrió el fuego el tucumano Gerónimo Vargas Aignasse para referirse al revés judicial sobre la modificación en la composición de la Bicameral –avalada por el vice– que le otorgó la mayoría a la oposición.

Los diputados oficialistas también cuestionaron el procedimiento parlamentario. Carlos “Cuto” Moreno denunció que existían dos dictámenes opositores diferentes, que se agregaron después de la reunión de Presupuesto, la primera comisión donde se abordó el tema: “No estamos frente al mismo dictamen que supuestamente salió de Presupuesto. Estamos frente a fraude administrativo”, aseguró. La mendocina Patricia Fadel calificó el texto como “un informe preparatorio y no un dictamen”.

Las cívicas Patricia Bullrich y Marcela Rodríguez y el macrista Federico Pinedo defendieron los pasos legislativos y las atribuciones del Congreso para declarar la nulidad del DNU. “El tema de fondo es político y no reglamentario”, agregó la líder del GEN, Margarita Stolbizer, para luego sostener que “el nudo del conflicto” fue el anuncio de la Presidenta ante el Parlamento de la utilización de otro decreto en la apertura de las sesiones ordinarias. “Sin la excepcionalidad de la necesidad y la urgencia, porque estaba en funcionamiento el Congreso”, remarcó Stolbizer.

“Quiero hacer una reflexión sobre la infamia de la legislación argentina”, dijo el diputado oficialista Alejandro Rossi para dejar sentado que el “megacanje de deuda” implementado por el gobierno de la Alianza se hizo por decreto, igual que la designación de los siete bancos privados que lo llevaron adelante. Enseguida expuso la postura política del bloque K: “Queremos acordar reglas de juego para que la Cámara funcione. Apostamos a poder con el debate. Muchas veces ustedes juntarán más manos, y habrá otras que los sorprenderá cuando los que juntemos más manos seamos nosotros”, dijo el santafesino y agregó que “no nos vamos a rendir hasta el último día que nos toque gobernar. No vamos a jugar al cogobierno”.

El cívico Adrián Pérez y Gerardo Milman, del GEN, recogieron el guante y acusaron al oficialismo de haber “violado todas las reglas que ahora reclaman”. El radical Ricardo Gil Lavedra refutó los argumentos del oficialismo: dijo que la “actuación de la Bicameral de DNU no inhibe la intervención del Congreso sobre el tema”, que el “Congreso puede declarar la nulidad de una ley porque lo establece la Constitución” y que se puede declarar la nulidad de un DNU con una resolución de la Cámara, “como lo hizo la semana pasada con el DNU 2010”.

Mientras la discusión continuaba, Camaño puso a disposición el dictamen para que los diputados opositores lo firmaran. Ante el hecho consumado, el oficialismo se retiró, afirmando que “ya no tenía sentido seguir el debate” y la amenaza de recurrir a la Justicia. “Tenemos los porcentajes necesarios, pero no me pidan los números porque no lo sé”, se justificó Camaño al dar por concluido el plenario. Después, desde la oposición afirmaron que habían conseguido 17 firmas en Asuntos Constitucionales y 14 en Finanzas, además de las 19 de Presupuesto.