El expediente es “muy voluminoso”, le aclara a este diario la jueza María Servini de Cubría, cuya decisión de sobreseer a cinco policías de bajo rango y procesar a sus jefes, cinco comisarios de la Federal que habrían fraguado planillas de gastos de comida y adicionales para quedarse con el dinero, acaba de ser ratificada por la Cámara Federal porteña. “Algunos de los jefes procesados fueron apartados de la fuerza y otros no”, agrega la magistrada, quien tomó declaraciones a casi cien uniformados y estima que queda poco para cerrar la investigación y sortear el juzgado donde los jefes policiales serán enjuiciados por “peculado”, un delito que habrían cometido entre 1997 y 2003 y que prevé hasta diez años de cárcel.

El caso fue revelado, según recuerda la titular del Juzgado Federal 1, cuando un policía decidió denunciar las extrañas maniobras de sus superiores: el ex superintendente de la Policía Científica Víctor Cándido De Filippis y los ex jefes de la División Despacho de aquella superintendencia de la Federal, Norberto Madrid, Jorge Barcia, Carlos Gil Alvarengo y Horacio Adolfo Fernández. Todos ellos habrían mandado firmar planillas “apócrifas” de horas extra y gastos de comidas para el cobro de dinero de agentes policiales que estaban de licencia, que ignoraban el asunto o directamente eran obligados a entregar el dinero ganado “para evitar problemas”, como surge de un testimonio de esta causa, la 43.578.

Muchos de los subalternos aseguraron haber firmado las planillas que constatan que cobraron por adicionales o comida, pero los jefes no les entregaban dinero. Según consta en la causa, les decían que la plata sería reinvertida en las dependencias policiales a su cargo, para comprar insumos o aun para la construcción de un jardín maternal. La donación, en todo caso, siempre fue involuntaria. “Bueno, los jefes dicen que se hicieron algunas reformas edilicias y esa reformas están hechas”, dice la jueza Servini de Cubría, quien no puede calcular el monto de la supuesta estafa. Una pista: el monto de los embargos pedidos por cada procesado llega hasta los 250.000 pesos.

“Los policías sobreseídos cumplían órdenes de los jefes, ellos completaban planillas y nada más”, asegura a Página/12 el camarista Jorge Ballestero, quien junto a sus colegas de la Sala II, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, firmó el fallo difundido ayer pero fechado el 15 de febrero, por el que se desprocesó a los policías Cecilia Ocampo, Rita Fabiana Vella, Noemí Volpi, Andrea Padrón y Pablo Malisani. La fiscalía los había acusado de ser “partícipes necesarios” del delito de peculado en concurso ideal con el de falsedad ideológica. Sin embargo, a ellos se les había abierto una causa paralela para no mezclarlos con sus jefes. “Y era absurdo seguir con esta causa, insisto, sólo completaban planillas y se la devolvían a los jefes”, explicó Ballestero.

Según indica el fallo de la Cámara Federal porteña, “debe determinarse cómo nacían esos formularios, pues una cosa es brindarle la forma y otra, muy distinta, el decidir su contenido”. En el escrito se cita a los acusados que fueron sobreseídos, quienes señalaron “a los jefes de la repartición como los encargados de determinar qué datos debían volcarse en los documentos”. Los subalternos eran, según la versión de su defensa, obligados a pedir a sus compañeros que firmen las planillas “por orden del comisario”. A veces los mismos jerarcas recolectaban las firmas, al menos así recuerda una testigo que mencionó a unos de los procesados, el comisario Madrid, quien “acercaba las planillas y colocaba una hoja en blanco en la planilla para que uno no pudiese ver qué era lo que firmaba, al tiempo que le indicaba dónde uno debía firmar”.

Los camaristas aclaran que no todo el dinero ingresado en la División Despacho de la Federal era sustraído por los superiores. Muchos testigos reconocieron haber recibido “parte del dinero” que les correspondía por recargos de servicios cumplidos o por los gastos en comida efectuados. “Mínimo sí, pero algo dijeron obtener. Algunos refieren la suma de cuarenta pesos, otros de cien, que se obtenía todos los meses, o quizá cada dos. Sin embargo, en algo todos coincidieron: esos valores eran entregados siempre por el superior de la División”, dice el fallo, dando a entender la existencia de una caja chica paralela.

La parte probatoria del caso es mayormente testimonial. La jueza Servini de Cubría, por su parte, criticó la lentitud del proceso judicial, que daría tiempo a la defensa de los acusados a frenar el juicio oral y público mediante apelaciones. “Para que se haga el sorteo del tribunal oral que va a llevar adelante el juicio falta que la fiscalía cierre la actuación, pero nadie contesta rápido y los oficios judiciales tardan muchos días en llegar”, se quejó la jueza. Su colega Ballesteros cree que, de no haber mayores sorpresas, el juicio oral podría hacerse este mismo año.