El gobierno británico presentará hoy al Parlamento su proyecto de presupuesto que incluye la propuesta de crear un banco para financiar proyectos ecológicos. La iniciativa, que demandará más de 2200 millones de euros, consagra a la gestión de Gordon Brown como una de las más activas en su combate contra el cambio climático, aun después del fracaso de la cumbre que se realizó en diciembre en Copenhague. A falta de un acuerdo internacional general y de cumplimiento obligatorio, al final de ese cónclave en Dinamarca se intentó consensuar una propuesta muy poco eficaz para bajar las nocivas emisiones de carbono: cada país debía informar qué esfuerzo estaba dispuesto a hacer para evitar que el planeta se caliente por encima de los 2 grados. Los autocompromisos enunciados resultan como una escritura en el agua, ya que no hay entidad que vigile que eso se cumpla. Argentina aún no formalizó su propuesta.

Gran Bretaña dijo estar dispuesta a vender bienes públicos para integrar el capital de aquel banco destinado a costear desarrollos que permitan frenar la emisión de gases que producen el efecto invernadero. El impulso a la nueva entidad financiera que los parlamentarios británicos comenzarán a discutir desde ahora está a tono con la acción militante de los ingleses en este rubro, ya que están entre los que más esfuerzos hicieron para acatar los mandatos del Protocolo de Kioto, documento que la cumbre de Dinamarca intentó sin éxito sustituir por un nuevo acuerdo.

En ese multitudinario encuentro no se pudo consensuar un texto que expresara el compromiso de los países desarrollados a reducir sus emisiones ni a integrar un fondo que financie las acciones de mitigación en el resto de las naciones del mundo, que integra el núcleo de los ricos. Tampoco fue posible que la grandes naciones subdesarrolladas asumieran su propia obligación de hacer algo en ese sentido. China comparte junto a Estados Unidos el podio de las principales contaminadoras del mundo y la administración de Barack Obama no está dispuesta a rubricar ningún documento que no obligue a Beijing a hacer algún recorte.

Sólo una reunión de último momento entre el presidente de los Estados Unidos y los de las grandes naciones emergentes (Brasil, China, Sudáfrica e India) permitió en diciembre alumbrar un documento que intentó lo imposible: evitar el papelón internacional de no conseguir nada, a pesar de haber congregado a la plana mayor de políticos del mundo. Ese texto, del que Naciones Unidas sólo “tomó nota”, postulaba que cada nación debía manifestar por escrito antes del 2 de febrero su compromiso de reducir emisiones. Apenas una fórmula de trabajo para arrimar alguna posición con miras a la próxima cumbre, prevista para fin de año en México. Pero a pesar de lo laxo de este mandato, todavía no fue acatado, ya que muchas naciones (Argentina entre ellas) aún adeudan su propuesta.

Los que sí la elevaron no hicieron más que ratificar lo que ya habían propuesto en Copenhague y que no sirvió para unificar un número de recorte que contente a todos. La Unión Europea siguió descollando con la propuesta de reducir un 30 por ciento sus emisiones de carbono para el año 2020 en relación a las de 1990, sólo superada por Noruega, que propone llegar al 40 por ciento. Estados Unidos, que bajo el mandato de George Bush ni siquiera adhirió al Protocolo de Kioto, esta vez promete recortarlas en un 17 por ciento, pero tomando como base el año 2005. Un esfuerzo que puede ser considerable en lo inmediato, pero que sigue resultando nimio contra los que ya hicieron cosas hasta ahora.

Los subdesarrollados como China también pusieron algo sobre la mesa, mostrando con ello un viraje drástico respecto del Protocolo de Kioto, que no impone obligación alguna sobre esta categoría de naciones. A través de una trabajosa fórmula, Beijing propone un recorte importante de emisiones (40 o 45 por ciento) respecto al 2005, pero expresándolo en unidad producida. Resultado: su aporte de gases dañinos aumentará, pero menos que hasta ahora.

México fue un poco más allá, postulando un recorte del 30 por ciento respecto al 2020. Sudáfrica sube la apuesta y lleva ese esfuerzo al 34 por ciento. India y Brasil parecen un poco más cautas y en su nota enviada a la secretaría ejecutiva para el cambio climático de la ONU advierten que adhieren al tibio documento danés, aunque bajo la aclaración de que la consideran sólo una instancia preliminar, ya que la verdadera solución requiere un acuerdo integral.

Un documento vinculante, que imponga pautas para todo el planeta –único recurso para evitar que la temperatura siga subiendo, con sus consiguientes efectos dañinos–, tendrá que esperar. Por lo menos hasta fin de año, cuando tenga lugar la cumbre mexicana. Y ni siquiera hay certeza de que para entonces la situación esté resuelta. Muy poco se avanzó en otro punto neurálgico como la integración de un fondo para costear las obras que necesitan ejecutar las naciones en desarrollo para adaptarse a las transformaciones geográficas y económicas que ya impone el efecto invernadero, causado fundamentalmente por la acción de los aportantes: las naciones industrializadas y más ricas del globo.

También aquí hay enunciados de aportes millonarios, pero ningún compromiso firme. Ni siquiera se tomó la decisión de quién y cómo administraría esa masa de recursos. Sólo una idea: el país que reciba esa ayuda estará sometido a estrictos controles. El resto (países ricos), sólo librados a su conciencia.