El juez federal Sergio Torres allanó ayer las oficinas de varios directivos de Aerolíneas Argentinas en una causa que investiga la supuesta tentativa de pagar sobreprecios cercanos a 80 millones de dólares en la compra de veinte aviones a la empresa brasileña Embraer. En el procedimiento se secuestraron documentos que permitirían reconstruir las negociaciones previas al convenio para la adquisición de las aeronaves y siete computadoras. Los investigadores pudieron detectar por lo menos un e-mail en el que un ejecutivo de Aerolíneas advertía, en plenas tratativas, que el precio que se estaba acordando era un 10 por ciento mayor a los valores normales y desaconsejaba concretar la operación. Otra línea de la pesquisa intenta corroborar el presunto pago de coimas a Manuel Vázquez, un asesor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El actual titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi, dijo que “en una operación entre países sería impensable ningún tipo de maniobra dolosa como la que se describe”. “Somos respetuosos de la Justicia y a todo lo que pregunten vamos a dar una explicación”, se defendió. La pesquisa de Torres comenzó en septiembre pasado, por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. Al expediente se sumó un anónimo que señalaba la posible intervención de Vázquez como quien “va a cobrar las comisiones de Embraer por la venta de aviones a Aerolíneas y repartirlas”. En otra causa, Vázquez aparece señalado como el posible comprador del famoso Lear Jet que llevó a Jaime a perder su cargo. Y es uno de los imputados por los múltiples vuelos privados del ex secretario –en los que él también participaba– pagados por empresas a las que debía controlar.

En el juzgado de Torres esperan informes con precios testigo para compararlos con el valor pactado entre Aerolíneas y Embraer. El acuerdo para la compra data de mayo del año pasado, cuando incluso fue anunciado por el Gobierno. Schiavi aseguró que “se compraron al precio que tienen en el mercado”, y se fijó un valor cercano a 700 millones de dólares por los veinte aviones con condiciones de financiamiento, a través del Banco de Desarrollo brasileño.

Sin embargo, según el contenido de e-mails que están en manos de Torres, hubo una advertencia interna de que el precio que Aerolíneas aceptó habría sido excesivo. Así surge del texto enviado por un asesor de la compañía diciendo que el precio “normal” por cada aeronave debería rondar los 30 millones de dólares. El monto acordado rondó los 34 millones. La nota llegó a las casillas del titular de Finanzas de Aerolíneas, Carlos Albarracín; del director de Asuntos Legales, Martín Barrantes; de Compras, Jorge Cubero, y de los directores Héctor y Emiliano García Cuerva. Las computadoras de todos ellos, secuestradas en las oficinas de la calle Alem, continuaban siendo analizadas anoche. Todo indica que también recibió el correo el ministro de Justicia, Julio Alak, entonces titular de la compañía.

Otro tramo del procedimiento de ayer se hizo en las dependencias de Aerolíneas en la calle Bouchard. Funcionarios del juzgado fueron a buscar todos los papeles previos a la formación del expediente de la compra. Como en la compañía les dijeron que no existe un expediente con esos datos, tuvieron que rastrear carpetas y papeles sueltos.

Cuando obtenga toda la información y el detalle de quiénes y cómo participaron en la negociación, Torres haría las primeras citaciones. Por lo pronto, lo que se intenta reconstruir es una posible defraudación o administración fraudulenta tentativa, ya que los aviones aún no fueron pagados. El Estado había acordado pagar en forma directa el 15 por ciento y financiar el resto. La operación aún no fue cancelada.

Schiavi atribuyó el anónimo que menciona al enigmático Manuel Vázquez –ex asesor de Jaime– a “gente que le molesta” que la aerolínea de bandera “esté volando a todo el país con niveles de frecuencia muy importantes”. Cerca del juzgado dicen que, más allá del valor dudoso de todo anónimo, la pista sobre la participación de Vázquez empieza a ser examinada.