Los secuestros extorsivos de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, forzados a renegociar desde la cárcel un contrato privado con comerciantes de Hong Kong en plena dictadura militar, fueron investigados en la década del ’80 a partir de una denuncia del fiscal de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. El entonces juez federal Martín Irurzun llegó a procesar con prisión preventiva al dictador Jorge Rafael Videla y a sus ministros del Interior, Albano Harguindeguy, y de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, luego indultados por Carlos Menem.

En la investigación judicial se llegó a probar que en abril o mayo de 1976 el empresario Federico Gutheim, titular de la firma Sadeco, logró un cupo de exportación por seis mil quinientas toneladas de fibra de algodón. Luego de obtener los avales bancarios necesarios y la apertura de las cartas de crédito al exterior por un valor de 12.155.000 dólares, la dictadura le denegó los permisos, con lo cual lo obligó a incumplir los compromisos comerciales. En octubre, Gutheim recibió un llamado de la Secretaría de Comercio Exterior, desde donde le reprocharon que por su culpa Hong Kong le había denegado a Martínez de Hoz una línea de créditos. Gutheim ofreció renegociar el contrato, pero los acontecimientos se precipitaron.

En la noche del 5 de noviembre de 1976, la policía detuvo a Gutheim y a su hijo Miguel Ernesto. El arresto se dispuso por decreto 2840 de Videla y Harguindeguy, con el argumento de que su actividad comercial atentaba contra la paz interior, la tranquilidad y el orden público, y tenía “directa y estrecha relación con las causas que motivaron la declaración del estado de sitio”.

Días después los visitó en la cárcel un funcionario del Ministerio del Interior, quien les dio a entender que su libertad dependía de la renegociación de los contratos con Hong Kong. Dieron el visto bueno y con ese objetivo fueron sacados en cuatro oportunidades, tal como consta en las actas notariales ratificadas por el escribano Félix Oks. Las reuniones se desarrollaron en las oficinas de Sadeco con la presencia de policías y de representantes de firmas tales como Dreyfus y Co., Gordon Woodroffe and Co., Far East Ltd. Hong Kong, Hong Kong Spinners Ltd. y Nan Fung Textiles Ltd., que llegaron al país invitadas por el Ministerio de Economía. También participaron funcionarios de Comercio Exterior como Agustín Jaime Pazos y Horacio Rodolfo Vega.

Los Gutheim fueron liberados cinco meses después, el 6 de abril de 1977, esta vez por el decreto 949/77, según el cual las causales invocadas cinco meses antes habían desaparecido. Dos meses después fueron detenidos nuevamente, esta vez junto a sus abogados, por agentes de la sección Delitos Económicos de la Policía Federal. Varios días después recuperaron su libertad.

Los procesamientos de Irurzun fueron confirmados el 14 de julio de 1988 por la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Juan Pedro Cortelezzi y Wagner Gustavo Mitchell, quienes destacaron que “no se imputó jamás (a los Gutheim) actividad alguna que pueda vincularse con el decreto que impuso el Estado de sitio”. Si bien Martínez de Hoz no firmó los decretos, se lo imputó por el interés evidente que tenía en esas negociaciones con detenidos a disposición del Poder Ejecutivo.

“Las víctimas no solicitaron esas entrevistas y se prestaron a ellas porque estaban privadas de su libertad, siendo conducidas a las reuniones bajo custodia policial y reintegradas, en las cuatro oportunidades, a la cárcel, siguiendo en la misma condición de presos, lo que permite presumir fundadamente el carácter extorsivo de las detenciones”, sostuvieron los jueces. Martínez de Hoz se defendió manifestando que los hechos no podían considerarse delictivos, pues constituían decisiones de política económica que la Justicia no tenía por qué investigar. Carlos Menem lo liberó.