El gobierno argentino desea que el corte del puente internacional a Fray Bentos se levante, pero no lo hará a cualquier costo. Así lo indicó anoche un vocero de la Jefatura de Gabinete a Página/12, tras la decisión de la asamblea de vecinos de Gualeguaychú de continuar con la medida de fuerza. Otro tanto sostuvo el gobierno uruguayo. En torno del presidente José “Pepe” Mujica volvieron a explicar que apuestan por una “salida dialogada” aunque “en un tiempo prudencial”. Mientras tanto, hoy se hará la primera reunión de la Comisión binacional Administradora del Río Uruguay (CARU) para acercar posiciones entre ambos gobiernos. La CARU, paralizada desde 2006, se reactiva a pedido del fallo de La Haya. Para el gobierno argentino, ése es un escenario clave: un ámbito para recuperar la confianza de los asambleístas y abrir una salida definitiva al conflicto.

“El gobierno argentino desea que el corte se levante”, explicaron en torno del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. “Pero la apertura del puente no se hará a sangre y fuego, ni se usarán tanques o la Gendarmería.” Se hará, dijo el mismo vocero, repitiendo los caminos de diálogo y de negociación abiertos con los asambleístas en los últimos años. “Acá hay que volver a recuperar la confianza en otras instancias de trabajo”, agregó en referencia a espacios como la CARU. La apuesta es que el trabajo de control sobre la contaminación del Río Uruguay consiga el aval de los vecinos de Gualeguaychú, y las garantías que necesitan para levantar el corte.

Otro de los argumentos del gobierno argentino para no intervenir en el corte es la posición que adoptó el presidente Mujica. “Uruguay ya dijo que no quiere desalojos forzados, y puntualizó que el gobierno argentino es el que debe manejar los tiempos.”

Esa misma postura reflejó anoche el senador del Frente Amplio Alberto Couriel, uno de los que integraron la comisión uruguaya en La Haya. “Para nosotros, el corte del puente y el movimiento social es un tema del gobierno argentino y respetamos que el gobierno argentino encuentre la mejor manera para que se libere el tránsito de personas y de mercaderías de un corte –aclaró– que está en contra de las reglas y del Tratado del Mercosur.” En ese sentido, recordó que se vio “la generosidad y flexibilidad del presidente uruguayo cuando dejó en claro que no sería bueno que fueran sacados a la fuerza, porque de ese modo el conflicto va a seguir manteniendo enfrentados a dos pueblos que son hermanos”.

Mientras tanto, con la primera reunión de la CARU de hoy se abre la posibilidad de otra salida. La reunión extraordinaria convocada por Argentina se hace en medio de una nueva polémica, esta vez por las atribuciones que tendrá la Comisión.

La propuesta argentina incluye un monitoreo conjunto de las emisiones de Botnia en el aire, la tierra y el agua, pero desde el interior de la pastera y no sólo sobre el río. Según los especialistas, es uno de los modos más efectivos para saber si la planta contamina. Hasta ahora las muestras analizadas se tomaron sólo en el río. La posición uruguaya no es la misma. La semana pasada, la ministra de Medio Ambiente, Graciela Musiera, aseguró que la Argentina presentó una “propuesta que va mas allá de lo establecido”. Pero en las últimas horas se habría abierto la posibilidad de negociar.

“Nosotros nos basamos en dos declaraciones”, dijo Couriel. “Una, el fallo de La Haya, y la otra, las reglas de la CARU, que suponen un acuerdo sobre el río: en ese marco estamos dispuestos a dialogar dentro de las leyes y las reglas de juego para apostar a una nueva y mejor relación entre los dos gobiernos.”

Esas mismas chances de diálogo observaron en torno de Homero Bibiloni, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. De todos modos, el plan de trabajo y los eventuales acuerdos se conocerán tras el encuentro. Para los uruguayos, la propuesta argentina es complicada: si aceptan y las muestras prueban la contaminación, los técnicos de la CARU pueden pedir la reapertura de la causa, y el cierre o desplazamiento de la pastera. Eso puede generar un costo político pero también económico al gobierno de Mujica. De acuerdo con un convenio suscripto con la pastera finlandesa, el gobierno debe asumir los costos de un eventual cierre o del traslado.

Los asambleístas de Gualeguaychú conocen esos detalles. Hace tiempo vienen diciendo que si la CARU asume seriamente el control de la planta, ellos podrían suspender el corte de ruta. Pero la posición uruguaya les genera desconfianza.