Si los despidos son una marca registrada de la gestión PRO, la otra es la marcha atrás: el ministro de Educación, Esteban Bullrich, retrotrajo por quince días la rescisión de contratos de locación de servicios de más de cien trabajadores y abrió una negociación con los gremios docentes. Luego de dos movilizaciones al Ministerio, la toma de un edificio por parte de los empleados y el rechazo de buena parte de los opositores porteños, el gobierno tuvo que ceder. En el medio se cruzó una interna entre sectores de la administración de Mauricio Macri que viene in crescendo.

Los gremios docentes hicieron su segunda marcha al Ministerio de Educación. Allí los recibieron el viceministro Mario Terzano, el jefe de Gabinete, Diego Fernández, y el asesor Juan Ignacio Maquieyra. Por los sindicatos estuvieron Manuel Gutiérrez (Ademys), Eduardo López (UTE-Ctera) y Rodolfo Arrechea (ATE-Capital).

Tuvieron dos reuniones. En la de la mañana, los funcionarios reiteraron el argumento de que se trata de planta política nombrada por la gestión macrista en 2008 y 2009 e incluso sostuvieron que “había ñoquis, gente que cobra su sueldo sin trabajar”. Se trata de un argumento para hacer recaer la culpa sobre el ex ministro Mariano Narodowski. Lo curioso es que los contratos son anuales y, por lo tanto, tuvieron que ser refrendados por Bullrich. Los gremialistas contestaron que en los 126 casos que tenían comprobados se trata de trabajadores que cumplen funciones en áreas administrativas, docentes o psicopedagógicas. Reclamaron que se suspendiera la medida y los funcionarios se negaron.

En la segunda reunión, a las 16, los funcionarios macristas terminaron por acceder a una impasse de dos semanas para revisar las listas de las personas a las que se pretende separar. El martes próximo por la mañana habrá una nueva reunión. Si bien el gobierno porteño no accedió a mostrar la lista de los despedidos, los gremios llevarán la propia.

En la gestión PRO hicieron una particular interpretación del resultado de los encuentros: “No es una marcha atrás. De ninguna manera; la medida se hace efectiva el 15 de junio. Mientras tanto, se irá viendo con los gremios los casos particulares”, indicaron cerca del ministro. “El gobierno suspendió la medida, producto de la movilización de los docentes. El acuerdo fue suspender y rever la decisión”, remarcó Gutiérrez, de Ademys. “Esto fue un compromiso del gobierno: si certificamos que realmente cumplen su función, van a ser reintegrados”, afirmó. “Si no hay reintegros, vamos a ir a medidas de fuerza”, advirtió.

Por su parte, López, de UTE-Ctera, señaló: “En estos quince días no va a haber despidos ni rebaja salarial. Y vamos a elevar la nómina de los que son trabajadores. También le planteamos que, si hay ñoquis, no nos oponemos y pedimos que se los despida”. “Si en quince días no hay acuerdo, o nos dicen que a los trabajadores los echan porque los nombraron ellos, retomaremos la movilización”, indicó. “La situación está congelada y se van a rever los casos. Si no hay solución, es un conflicto que se puede extender a otras áreas”, planteó Arrechea, de ATE Capital.

En el edificio de Esmeralda 55, donde funcionan las direcciones de Planeamiento y Educación Estatal, acordaron mantener un estado de alerta y movilización permanente: allí los despidos se concentran en el área de currícula, donde se desató el conflicto por la no publicación de los materiales del Bicentenario. En la Dirección de Infraestructura Escolar, en tanto, el nuevo director, Claudio Viola, recibió a un delegado de Sutecba, que le reclamó que en lugar de echar a los contratados que cobran 1900 pesos en promedio, se rescindan los contratos de la planta política que había traído su antecesor Néstor Gasparoni.

Por otra parte, los despidos recrudecieron una interna entre Bullrich y el flamante secretario de Recursos Humanos, Andrés Ibarra. Hombre del grupo Macri, ex directivo de Boca, Ibarra desembarcó en Educación designado por el jefe de Gobierno. Luego de la salida de Narodowski por el caso de espionaje –y tras el paso relampagueante de Abel Posse–, Ibarra tuvo una serie de cortocircuitos con Bullrich que lo llevaron a pedirle a Macri que lo sacara de ese ministerio. Algunos sectores del PRO interpretan que los recortes de contratos son un intento por esmerilar a Ibarra desde su asunción. Otros, en cambio, sostienen que es un ajuste de cuentas del propio Ibarra. Y no faltan quienes señalan que la política de recortes que comenzó en Educación va a extenderse a todos los ministerios del gobierno porteño. Por supuesto, durante el Mundial.