En las próximas horas, el juez federal Gustavo Pimentel podría tomar una decisión en la causa abierta contra el corte de la ruta 136, llevado adelante desde hace cuatro años por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú en reclamo de la relocalización de la pastera UPM-Botnia. Luego de las declaraciones tanto de la presidenta Cristina Fernández, como de sus ministros Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, que apuntaron a la Justicia como la responsable de normalizar la situación, se prevé que el magistrado de Concepción del Uruguay podría ordenar a la Gendarmería la liberación del paso fronterizo. Los asambleístas anunciaron que resistirán un virtual desalojo “de manera pacífica”, pero también anticiparon que planean medidas alternativas para seguir con la protesta.

Durante la semana pasada, el juzgado federal de Concepción del Uruguay se manejó con absoluto hermetismo desde que la Presidenta y algunos de sus principales funcionarios señalaron a la Justicia como la encargada de resolver el conflicto por el corte de ruta en Arroyo Verde. Página/12 intentó en reiteradas oportunidades conversar con el juez interino Gustavo Román Pimentel sobre la causa iniciada por la agrupación Ciudadanos Movilizados. Pero en su juzgado se hicieron negar. Fuentes cercanas al magistrado deslizaron que recién a partir de hoy podrían hablar con la prensa, por lo que se especula que la decisión de Pimentel sería inminente. El joven magistrado –de destacada labor en desbaratar redes de trata de blancas– es señalado por sectores vinculados a la asamblea como “permeable a las presiones del poder político”, y temen que decida de un momento a otro que la Gendarmería aproveche horas de la madrugada para realizar el operativo y así encontrar menor resistencia en la guardia del bloqueo. Otros sectores afirman que “no es seguro” que el juez decida un desalojo por la fuerza. En tanto, la fiscal Milagros Squivo –ante quien se presentaron las agrupaciones entrerrianas en contra del bloqueo–, además de solicitar la intervención del juzgado, recomendó la unificación de las causas precedentes, algo a lo que el magistrado accedió la semana pasada.

Las reacciones entre los ambientalistas fueron dispares. Mientras algunos aguardan con impaciencia una definición y anticipan un resultado negativo para la continuidad del bloqueo, otros esperan con tranquilidad que el juez se expida. Confían en que, a pesar de un fallo que ordene a la Gendarmería desalojarlos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, no enviará a esa fuerza para liberar el paso fronterizo. En votación, rechazaron también concurrir a los tribunales a hacer su propio descargo.

“Al primer intento de toque de Arroyo Verde, toda la comunidad de Gualeguacyhú va a estar ahí”, anticipó el asambleísta Martín Alazard, que negó que vaya a haber confrontaciones violentas. “Si nos tenemos que ir, seguiremos con medidas iguales o parecidas al corte con tal que la lucha no decaiga”, subrayó, en línea con varios de los integrantes de su espacio que confirmaron a este diario que se encuentran trabajando en alternativas al piquete. “Por más que nos empujen de Arroyo Verde, la liberación va a durar muy poco, porque vamos a tomar una serie de medidas que se implementarán de forma inmediata”, desafió Alazard.

El ambientalista Gustavo Rivollier sostuvo que esperan la resolución judicial “con total calma” ya que “es lo mismo de siempre”, en referencia a la cantidad de veces que recibieron notificaciones por parte de los gendarmes para finalizar el bloqueo. Luis Leissa, abogado de la asamblea señaló que el Gobierno “le ha puesto más empeño a levantar el corte que a buscar nuevas pruebas de contaminación”. El letrado expresó que teme que suceda algún hecho de violencia durante un eventual desalojo porque “va a haber resistencia”, anticipó.

Desde Ciudadanos Movilizados, en cambio, aguardan con expectativas la definición del juez. Los abogados que presentaron la denuncia creen que si el magistrado decide el levantamiento ni siquiera los notificará y accionará de inmediato para evitar la confrontación. Juan Andrés Drabble, uno de los letrados, aseguró que no intentan una persecución judicial de sus conciudadanos, ya que no se presentaron como querellantes, en respuesta a los asambleístas que afirmaron que se pretendía criminalizar la protesta social con esta denuncia. “Al día siguiente al levantamiento del corte no hay nada para festejar porque la pastera sigue enfrente y la sociedad de Gualeguaychú se quebró”, dijo Drabble, y sostuvo que espera que la “lucha por el medio ambiente” vuelva a unir a la comunidad que, a su criterio, hoy está fracturada por los problemas derivados del bloqueo.

Informe: Gabriel Morini.