La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en mayo de 2009, condenó al Estado argentino por haber violado el derecho a la libertad de expresión en el caso del periodista Eduardo Kimel, penado por señalar la complicidad de un juez con el asesinato de cinco religiosos palotinos durante la última dictadura. La sentencia intimaba al Estado a reformar la legislación sobre calumnias e injurias, le ordenaba pagar una indemnización al periodista y a “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad”. Ayer por la mañana, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la presidenta Cristina Fernández saldó este último compromiso pendiente. Kimel había fallecido el 10 de febrero de este año, por lo que el acto tomó la forma de un emotivo homenaje. “No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión”, sostuvo la Presidenta en el punto más alto de un discurso breve pero intenso. También aseguró que “jamás hubo en la Argentina la libertad de prensa de hoy”, aunque “falta completar el otro derecho, el de libre expresión, que por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo”.

“La limitación de los delitos de calumnias e injurias en temas de interés público es el legado de Kimel”, había celebrado, un rato antes, Horacio Verbitsky, que ofició de anfitrión. Para el titular del CELS, el homenaje era la ocasión de “una reflexión del rol del periodismo en la relación con la sociedad y el poder político”, aunque la lupa estuvo puesta, toda la mañana, en el accionar endogámico de ciertos estratos del Poder Judicial. “En la Argentina existía el delito de opinión”, resaltó Verbitsky antes de agradecer a la Presidenta porque “decidió enviar al Congreso el proyecto armado por el CELS”, y también aprovechó para plantear: “Tenemos la esperanza de que, después de esta visita, el Gobierno avance con el acceso a la información”. Cristina Fernández le respondió con una sonrisa.

“No se puede sufrir cárcel por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión, aunque no sea cierto –sostuvo a su turno CFK–. Cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y dice. Es más, se tiene derecho a decir una mentira. En todo caso que se haga responsable económicamente por la mentira que dijo. Pero no que alguien vaya preso.” Fernández destacó que “jamás hubo en toda la historia de la Argentina una libertad de prensa similar” a la actual, ya que “cualquiera puede escribir lo que se le dé la gana”. Advirtió, sin embargo, que “falta completar la libertad de expresión, que hoy por la concentración monopólica no se puede llevar a cabo y, por eso, la sanción de la ley de medios”. La nueva norma, explicó, aplica “regulaciones para que no haya concentración y un monopolio de la palabra, y para que absolutamente todos puedan expresarse con libertad”.

La Presidenta aprovechó la ocasión para llamar la atención sobre “un sector de la Justicia”, el mismo estamento que en su momento condenó a Kimel y fue cómplice de la dictadura, que “decretó medidas cautelares que tornaban inaplicable” la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que “resultó aprobada por abrumadora mayoría en ambas cámaras” y “con un corte transversal de votos inédito”. Haciendo un poco de historia, Fernández recordó que el aval que le dio la Corte Suprema de Justicia al golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930 “fue el verdadero huevo de la serpiente” de la “doctrina de legalidad de los gobiernos de facto” en el país. El presidente de ese tribunal, recordó, era José Figueroa Alcorta, que antes había sido vicepresidente de Manuel Quintana y luego presidente de la Nación. “La división de poderes sólo se agita cuando se trata de gobiernos populares y democráticos, para denostarlos”, reflexionó la mandataria.

“Reconocer el derecho de las víctimas, esto hace que una sociedad sea democrática. Cuando es el Estado, a través de cualquiera de sus tres poderes, el que viola los derechos, estamos en un Estado predemocrático. En Eduardo Kimel estamos hoy cumpliendo un acto de reconocimiento a esa democracia”, resumió Cristina Fernández. La escoltaban, además de Verbitsky, el flamante canciller (y periodista) Héctor Timerman; el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Entre los que se acercaron al acto se contaban periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, Isidoro Gilbert, Rogelio García Lupo, José Ignacio López, Oscar Serrat, el editor de Perfil Jorge Fontevecchia y el director de Página/12, Ernesto Tiffenberg.

El caso de Eduardo Kimel fue el primero sobre libertad de expresión en este país que consiguió una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El periodista había publicado La masacre de San Patricio, un libro en el que investigaba el asesinato de cinco religiosos de la orden de los palotinos en la iglesia San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, durante la última dictadura. El juez que había tenido a su cargo esa causa, Guillermo Rivarola, querelló a Kimel, que tras varias idas y vueltas fue penado con un año de prisión en suspenso y 20 mil dólares de indemnización. Mientras los asesinos y encubridores seguían libres, el que intentó correr el velo era el único condenado. Cuando el recurso extraordinario de la defensa fue rechazado, el CELS, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), avanzaron con la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que terminó con la denuncia al Estado argentino ante la corte internacional, que ordenó indemnizar a Kimel, intimó reformar la legislación sobre el tema (algo que el Congreso finalmente hizo en marzo de este año) y, finalmente, “realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad” como el de ayer.