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El aumento de la mínima jubilatoria al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil es un reclamo absolutamente justo y un objetivo que es posible alcanzar. Para ello es necesario generar un debate amplio y democrático sobre la forma de financiación, que debe estar exento de mezquindades, especulaciones y falsos posibilismos; un debate profundo como el que supimos darnos en los últimos tiempos con algunas leyes importantes, como la de Servicios de Comunicación Audiovisual o la de matrimonio entre personas del mismo sexo; escuchando las opiniones de actores sociales, económicos, académicos, representantes de organizaciones del sector y especialistas.

Es importante que desde el Congreso abramos una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82 por ciento móvil en las jubilaciones mínimas; con un beneficio directo sobre el 72 por ciento de los trabajadores jubilados, que pasarán de los 895 pesos actuales a 1230 pesos de haber mensual. Ese reclamo, que ha sido bandera de los sectores populares desde hace más de medio siglo, encuentra hoy un contexto más que apropiado para concretarse, a partir de que se consiguió organizar un esquema previsional inmensamente más justo, abarcativo y solidario que el existente hasta hace menos de una década, mejorando la recaudación y la gestión de la Anses, terminando con el negocio especulativo de las AFJP, ampliando la cobertura a 2,4 millones de personas que estaban privadas de ese derecho, brindando aumentos que rondaron casi un 500 por ciento desde el 2003 y estableciendo por ley una actualización semestral de los haberes. Todos esos pasos, que desde Nuevo Encuentro compartimos y apoyamos, merecen ser continuados con una medida redistributiva como ésta, de enorme impacto económico y social en el país y que cobra aún más importancia luego de que en Argentina se recuperó la discusión periódica sobre el salario mínimo, vital y móvil.

Somos conscientes de que esta propuesta es enarbolada también por dirigentes que persiguen otros objetivos, más vinculados a perjudicar la gestión del Estado por parte del gobierno nacional que a concretar el merecido sueño de quienes trabajaron y hoy no tienen ingresos suficientes. Esos dirigentes –integrantes de expresiones políticas que, cuando gobernaron y también desde funciones legislativas, se encargaron de destruir el sistema previsional, vaciar la Anses y el PAMI, recortar los haberes y regalarles un jugoso negocio a los bancos a través de la creación de las AFJP– son los mismos que cada vez que pueden le niegan al país la posibilidad de consolidar un esquema tributario más justo, tal como quedó expresado en 2008 con el debate sobre las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. El cinismo, la hipocresía y la especulación de aquellos dirigentes –reunidos en el Congreso bajo la identificación de Grupo A– pueden llevar a que un reclamo justo y posible de ser implementado derive en un grave daño en el corto, mediano y largo plazo, que afectará sobre todo a los sectores de menos recursos, incluidos los propios jubilados a los que se dice querer amparar con la medida. Para decirlo con mayor claridad y con el respaldo de economistas serios de nuestro país: si la puesta en marcha del aumento del 82 por ciento móvil en los haberes que perciben tres de cada cuatro jubilados no va acompañada de una reforma tributaria inmediata que amplíe las fuentes de ingresos del Estado nacional, el perjuicio que se les imprimirá a las cuentas públicas será inmenso y terminará impactando en quienes menos tienen y más necesitan de las políticas públicas.

Mientras que la receta de la derecha siempre es la misma –quitarle recursos al Estado y no tocar o ampliar los márgenes de ganancias de los grupos más enriquecidos–, los sectores progresistas, del campo nacional y popular, de la izquierda democrática, más allá de nuestras pertenencias partidarias, debemos ser capaces de no quedar rehenes de quienes, mediante propuestas demagógicas, avanzan con el único objetivo de que Argentina retroceda, de que el país vuelva a la avenida del ajuste, del endeudamiento y de la profundización de la desigualdad. Una medida económica y social positiva, implementada sin encontrar los instrumentos de financiamiento que la hagan factible y durable, es la antesala de una crisis fiscal, un escenario gravísimo para quienes menos tienen y un terreno fértil para que esos sectores conservadores vuelvan a consagrar sus privilegios.

Por eso, desde Nuevo Encuentro impulsamos la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993, aplicando medidas específicas para no impactar negativamente en pequeñas y medianas empresas. Esos aportes fueron recortados con el argumento de que achicar los costos empresarios favorecería el trabajo registrado. La realidad, como suele ocurrir, demostró la hipocresía de esa excusa, cuyo propósito real era ampliar los márgenes de ganancias y la desigualdad: en 1993, durante la gestión de Carlos Menem y la supremacía del paradigma neoliberal, el trabajo informal alcanzaba al 23,8 por ciento de la población económicamente activa, mientras que diez años después había llegado a casi el 60 por ciento. Restituir los aportes patronales, como una fuente legítima de financiamiento, es un reclamo que desde hace años realizan legisladores y dirigentes de nuestro espacio, y se trata de uno de los aspectos salientes del “blindaje social” planteado por Hugo Yasky y la Central de Trabajadores Argentinos que lidera.

Es necesario avanzar sobre el trabajo en negro para ir reduciendo la persistente informalidad. Eso, además del objetivo principal de revertir la situación de trabajadores y trabajadoras que hoy sufren la falta de cobertura por salud o por despido, permitiría incorporar más aportantes al sistema de seguridad social. Desde la salida de la convertibilidad se ha avanzado en esa dirección. De hecho, los aportantes pasaron de 5 millones en el primer trimestre de 2003 a casi 8,4 millones en el último trimestre de 2009. Pero aún más de un tercio de los trabajadores –según la edulcorada mirada del Indec– están “en negro”, padeciendo las graves consecuencias de esa condición laboral.

Además, insistimos en la necesidad de transformar responsable, paulatina y progresivamente toda la pirámide tributaria, de manera de eliminar privilegios injustos que tienen sectores económicos con altísima rentabilidad, como es el caso de la especulación financiera, el juego o la minería, entre otros; en el marco de ir construyendo una nueva matriz productiva y distributiva más justa.

El Gobierno está en condiciones de promover esos cambios, sin ampararse en falsos posibilismos. Es necesario profundizar el rumbo iniciado en 2003 con medidas redistributivas como ha sido la Asignación Universal por Hijo/a o esta que impulsamos, nosotros desde las convicciones y otros desde la especulación. Es fundamental evitar que los derechos de quienes menos tienen sean manipulados por los sectores de derecha que sólo buscan generar crisis política y social, como las que produjeron innumerables veces a lo largo de la historia de nuestro país.

Bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario.