A partir de hoy, Mauricio Macri entra en la cuenta regresiva, por lo menos en cuanto a su situación en la causa del espionaje, ya que se le vence el plazo para explicar ante la Sala I de la Cámara Federal las razones de su apelación al procesamiento que le dictó el juez federal Norberto Oyarbide como partícipe de la asociación ilícita que pinchaba teléfonos. El tribunal debe resolver si sostiene esa imputación, si la modifica o la revoca y todo indica que intentará dar una definición antes de la feria judicial, o sea, en el transcurso de las próximas dos semanas. Hoy también deben presentar los fundamentos de su apelación el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios y el querellante Sergio Burstein, el dirigente de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, que tuvo su celular intervenido.

Como imputado, Macri puede ir personalmente para hacer la presentación pendiente, pero no está prevista una audiencia oral, algo que él tampoco solicitó. Según fuentes del macrismo, esta vez el jefe de Gobierno no planea visitar tribunales, sino que lo harán sus defensores, Santiago Feder y Ricardo Rosental. Llevarán un escrito de 122 páginas que reitera la teoría de que la investigación fue “direccionada” contra el líder de PRO, que no hay pruebas que lo impliquen y sumará un reclamo llamativo: que el juez no investigó a la par suyo a su padre, Franco Macri, responsabilizado en el testimonio de su cuñado, Daniel Leonardo, uno de los espiados.

En el despacho de Oyarbide hoy estarán declarando como testigos tres legisladores de la oposición porteña que fueron espiados (con pedidos de informes financieros y patrimoniales a la empresa Nosis) desde las oficinas de la consultora que Palacios compartía con su segundo en la policía porteña, Osvaldo Chamorro. Se trata de Gonzalo Ruanova, Diana Maffía y Silvia La Ruffa. También será convocado el dirigente gremial Patricio Datarmini. Los investigadores intentan establecer si hay un patrón común por el cual pudieron haber sido blanco de un seguimiento por parte de quienes cumplían funciones en la Metropolitana.

Macri fue procesado en mayo como partícipe de una asociación ilícita dedicada al espionaje, en la que Palacios, a quien había puesto al frente de la Metropolitana, y el ex policía Ciro James resultaron ser protagonistas. Pero Oyarbide, además, le endilgó al jefe de Gobierno porteño responsabilidad directa en dos de las pinchaduras telefónicas detectadas: la de su cuñado Leonardo, casado con Sandra Macri, y la de Burstein.

La escucha al cuñado tenía que ver con una pelea dentro de la familia Macri, según denunció Leonardo. La atribuyó a su suegro Franco, que quería forzar el divorcio con Sandra, e implicó a Mauricio en la movida para concretar la pinchadura. Luego denunció al jefe de Gobierno ante el juez: le había pedido, aseguró, que suscribiera un comunicado falso desmintiendo haberlo incriminado. La intervención telefónica comenzó el 23 de mayo de 2008, una semana antes de que se concretara el nombramiento de James –entonces auxiliar de inteligencia en la Federal– como asesor del Ministerio de Educación porteño, donde en realidad nunca hizo ningún trabajo, por lo que el juzgado supone que era un “cargo-pantalla”. A Burstein, razonó el juez, lo querían escuchar por su participación como querellante en la investigación del encubrimiento del atentado a la AMIA: un eventual procesamiento de Palacios –que finalmente ocurrió– podría ser perjudicial para el gobierno porteño.

James era siempre el que retiraba las escuchas obtenidas por la SIDE a pedido de dos jueces de Misiones que, para esto, armaban causas truchas. Los investigadores, además, demostraron que James y Palacios hablaban todo el tiempo por teléfono entre sí y lo hacían en momentos clave de las escuchas, por ejemplo, cuando se estaba por intervenir la línea, o cuando James iba a buscar las grabaciones. Palacios actuaba como una suerte de supervisor, señaló el juzgado al procesarlos. “Macri tomó parte en esta organización criminal, dotando a los nombrados (James y Palacios) no sólo de una paga segura mensual, sino del carácter de funcionarios públicos locales, es decir, intentó enmascarar a ciertos componentes del ‘aparato paraestatal de espionaje’”, afirmaba el texto del procesamiento.

Hasta ahora la Cámara respaldó a Oyarbide en las cuestiones esenciales del expediente y lo confirmó al frente de la investigación cuando Macri y su ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, intentaron apartarlo. Este mismo tribunal le señaló al juez que debía analizar el entramado del espionaje como una “estructura paraestatal” que seguramente trascendía a Palacios y James.

El escrito que llevarán los abogados de Macri a los camaristas –adelantaron sus allegados– insistirá con la teoría de que la investigación está “sesgada” para implicar al jefe de Gobierno. En ese sentido, incluirán que aunque Leonardo acusó a Franco, la pesquisa se orientó a Mauricio, sobre quien “sólo sugirió” una participación. Franco, dicen los letrados del funcionario, presentó en la causa documentación sobre los trabajos de investigación que le encomendó a la empresa de seguridad The Ackerman Group y que desincriminaría a su hijo. Esa firma ahora está siendo investigada. Como sea, y según se desprende del procesamiento, parece impensable que Palacios –quien tenía una estrechísima relación con Macri– haya participado en la escucha a Leonardo sin tener al menos el visto bueno de su jefe.

La defensa de Macri alegará que hasta ahora no hay comunicaciones detectadas de Macri con Palacios, y que la presencia de James en la zona donde vivía su cliente en los mismos días que retiraba escuchas de la SIDE fue circunstancial y por escasos minutos. Una vez más sacarán a relucir su sospecha de que la causa se inició por un llamado anónimo de alerta a Burstein hecho por un agente de la central de inteligencia –esto nunca fue demostrado– y su deducción de que por lo tanto la causa es nula, por más que haya existido el espionaje. Ese pedido de nulidad, sin embargo, es una discusión al margen de que todavía no fue resuelta en primera instancia. Todo hace pensar que la definición sobre el procesamiento se conocerá primero. Si la Cámara responsabiliza a Macri por las escuchas, echará por tierra su planteo de que la causa fue armada, con la complicidad judicial, en su contra.