Daniela Ugolini fue propuesta por Macri para integrar el TSJ a fines de 2009. Cinco jueces encontraron irregularidades en el procedimiento de designación, pero sus fallos fueron suspendidos por el TSJ, en lo que para muchos juristas constituye el primer per saltum porteño. La gestión PRO y la Legislatura plantearon un “conflicto de poderes”, sobre el que el máximo tribunal de la ciudad tiene que fallar. Los jueces acusados, Elena Liberatori, Roberto Andrés Gallardo y Guillermo Scheibler, sostienen que todo el proceso es un “intento de disciplinarlos” que tiene detrás a Macri.

La candidata de Macri había sido impugnada por diversas organizaciones sociales y de derechos humanos por sus dictámenes, que incluían el impedir a una mujer hacerse una operación de ligadura de trompas si no tenía permiso del marido y negarle un subsidio a una familia carenciada porque “antes que nada, debería asumir su responsabilidad en la paternidad”. También se pronunció a favor de mantener cerrada la muestra de León Ferrari que se expuso en el Centro Cultura Recoleta por ser una “obra anticristiana”. Pese a no tener los votos para que se apruebe en la Legislatura, Macri mantiene el pliego de su candidata.