Los docentes de los bachilleratos populares de la ciudad de Buenos Aires denunciaron a la administración macrista por inclumplir el compromiso de pagarles sus sueldos. Se trata de 300 docentes de 16 colegios que funcionan en fábricas recuperadas y locales de organizaciones sociales, donde están cursando el secundario mil seiscientos jóvenes y adultos. El Gobierno de la Ciudad ha dado reconocimiento a estas escuelas, que otorgan títulos oficiales. En marzo del 2008, además, el Ministerio de Educación porteño se comprometió por medio de un acta-acuerdo a pagar sus salarios. Pero en el año y medio transcurrido desde entonces esto todavía no se concretó.

“Hay una partida de más de tres millones de pesos para nuestras escuelas que nunca recibimos”, aseguraron los maestros durante la marcha que realizaron al Ministerio de Educación, que conduce Esteban Bullrich.

Roberto Elizalde es uno de los fundadores de los bachilleratos populares. “Entendemos que aquí hay una defraudación laboral”, dijo a Página/12.

El reclamo tiene el apoyo del principal gremio docente de la Capital Federal, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), que ya hizo una presentación administrativa reclamando que se paguen de manera urgente los salarios. La medida, según explicó el abogado de UTE Francisco Posada, es el paso previo a presentar un amparo ante los tribunales.

Estos colegios populares, públicos y gratuitos, se han ocupado de hacer un trabajo descuidado por el Estado, el de que los adolescentes y adultos que abandonaron los estudios vuelvan al aula. “Son lugares que están teniendo índices muy altos de contención de los alumnos y de continuidad de su educación en otros niveles, porque de los que egresan muchos se inscriben en facultades y profesorados, con muy buenos resultados”, apuntó Irina Garbus, de la UTE.

El argumento que vienen dando los funcionarios del Ministerio de Educación porteño frente a los reclamos es que el acuerdo fue firmado por otra gestión, la de Mariano Narodowski, lo que según los abogados del gremio es una excusa carente de valor legal, porque el acuerdo fue firmado con el Estado. Por otra parte, los colegios están, los alumnos cursan, los docentes cumplen un horario, los colegios deben notificar al ministerio sobre su personal, dan títulos oficiales y reciben incluso a gente que les deriva el propio Ministerio de Educación desde otros programas. Los asesores del ministro Bullrich ofrecieron entregar partidas de dinero a las empresas recuperadas y movimientos sociales que tienen bachilleratos para que de allí pagaran los sueldos, pero esto fue rechazado por los docentes, porque los bachilleratos son colegios reconocidos que existen en sí mismos y que formalmente dependen del área de Planeamiento del Ministerio de Educación. La propuesta macrista, claro, eximiría al Gobierno de la Ciudad de pagar cargas sociales, convirtiendo a los maestros de los bachilleratos en trabajadores en negro.